Carlos Hermida
En el conflicto provocado por los controladores aéreos el día 3 de diciembre por la tarde, al abandonar masivamente sus puestos de trabajo, se están mezclando cuestiones diferentes que conviene deslindar y analizar con sumo cuidado para evitar caer en demagogias fáciles y brindar apoyo a medidas claramente reaccionarias que terminarán por volverse contra el conjunto del movimiento obrero.
En primer lugar, los controladores forman un colectivo claramente privilegiado e insolidario. Agrupados en un sindicato corporativo (USCA), jamás los hemos visto apoyar huelgas protagonizadas por otros trabajadores de los aeropuertos. Ahora bien, una cosa es la existencia de una aristocracia laboral con sueldos astronómicos y otra bien diferente la actitud del gobierno.
La indignación de cientos de miles de ciudadanos ante el cierre del espacio aéreo no justifica en modo alguno la declaración del estado de alarma y mucho menos la militarización de los controladores. Con estas medidas se está lanzando un mensaje a otros colectivos de trabajadores, advirtiéndoles del riesgo que a partir de ahora puede entrañar la declaración de una huelga. Sobre la base de una supuesta situación de emergencia, nada impide militarizar a los maestros, los bomberos o los maquinistas del ferrocarril. Ante los próximos recortes de derechos laborales, se trata de atemorizar al conjunto del movimiento obrero y paralizar las protestas.
La militarización de las relaciones laborales y del orden público constituye una coacción intolerable. Los militares en las torres de control de los aeropuertos nos hacen retroceder a los tiempos de la dictadura franquista, con sus brutales estados de excepción y sus tribunales especiales.
La justicia militar (¿es realmente justicia?) debe aplicarse únicamente a los miembros de las Fuerzas Armadas, pero su extensión a los civiles es un indicio de la fascistización del Estado español. El fantasma del Ejército gendarme planea otra vez sobre la sociedad española.
La clase obrera debe desligarse de actitudes corporativas, pero tiene que evitar por encima de todo que la demagogia del gobierno y de la patronal, atizando los resentimientos y las envidias o mediante el manido recurso del secuestro de los ciudadanos, enfrente a los trabajadores entre sí. Porque si hablamos de privilegios y privilegiados en España, la Iglesia y el Ejército encabezan la lista.
El gobierno ha utilizado un conflicto laboral grave para dar un salto cualitativo en las medidas represivas contra el movimiento obrero, y lo más preocupante es que una parte de la sociedad las aplaude y jalea. Si queremos superar este horizonte de represión, desastre social y conculcación de derechos civiles, es necesario forjar la unidad popular que nos permita avanzar hacia la III REPÜBLICA.
