10/1/11

SENSACIONALES REVELACIONES DE UN OBISPO: LOS GAYS PLANEAN APODERARSE DEL MUNDO.

Carlos Hermida

Durante cerca de cuarenta años los españoles aprendimos que una tríada infernal integrada por comunistas, masones y judíos conspiraban para destruir nuestra hermosa patria. Sin descanso, los eternos enemigos de España elaboraban pérfidos planes para acabar con la felicidad y la paz que nos proporcionaba el régimen franquista. Pero la vigilancia permanente de Franco (eterna lucecita encendida en su despacho de El Pardo), su rectoría insuperada y su inasequible desvelo nos libró de perecer ante al poderoso contubernio judeo-masónico-marxista. Las temibles huestes de Moscú, los taimados banqueros de Judá y los resentidos masones nada pudieron hacer frente a los aguerridos miembros de la Brigada Político-Social, los militares patriotas y los honorables juristas del Tribunal de Orden Público. Sus oscuros propósitos desaparecieron en los sótanos de la Dirección General de Seguridad, ante los piquetes de ejecución o en las largas condenas de penitencia carcelaria que el régimen impuso para la redención de tantas almas pecadoras.

Cuando la Unión Soviética desapareció, los españoles amantes del orden y de la familia católica pudieron, por fin, sentirse tranquilos. Ya nada amenazaba su plácida vida y ahora sí que podrían disfrutar del chalé adosado sin temor a que una revolución proletaria colectivizara las barbacoas de la urbanización. Y así llegó la relajación, y la tensa vigilia de antaño se tornó en una vida placentera, sin necesidad de hacer guardia sobre los luceros, como había advertido el protomártir fascista. Confiadas en las disquisiciones intelectuales de ciertos ensayistas foráneos, que predicaban el “Fin de la Historia” y la definitiva derrota de las fuerzas del Mal, la burguesía y las clases medias abandonaron las trincheras y se olvidaron de las advertencias del Caudillo sobre la necesidad de estar siempre en guardia ante las maquinaciones de los sempiternos antiespañoles.

Afortunadamente, la institución más preclara de nuestro país, iluminada por las miles de hogueras de la Inquisición, nos advierte una vez más de un peligro inminente. El obispo de Córdoba, monseñor Demetrio Fernández, ha afirmado en su homilía de la festividad de la Sagrada Familia celebrada el 26 de diciembre del pasado 2010 en la catedral de Córdoba, que la UNESCO tiene programado un plan para hacer que dentro de 20 años la mitad de la población mundial sea homosexual. El obispo atribuyó la revelación al cardenal Ennio Antonelli, alto cargo vaticano que preside el Consejo Pontificio para la Familia.

Los servicios secretos de los países más desarrollados han sido incapaces de detectar un plan tan sofisticado y maquiavélico como el desvelado por el obispo cordobés. La CIA, el M16 y el Mossad han demostrado su incompetencia ante la gravísima amenaza que se cierne sobre el mundo. Porque esta vez no se trata de España, sino de la Cristiandad, de la civilización occidental. Y ha sido un obispo español, experto en conspiranoia, quien nos alerta sobre el Apocalipsis final. ¿Quién hubiera podido imaginar que tras la fachada de las Naciones Unidas y de uno de sus organismos especializados dedicado a la difusión de la educación y de la cultura, se escondía una perversa conspiración de dominación mundial?

En el año 2030, 4.000 millones de gays impondrán en el mundo una férrea dictadura. Leyes draconianas abolirán la familia cristiana y patriarcal, impedirán las relaciones sexuales entre hombres y mujeres, y las parejas heterosexuales se refugiarán en los lavabos de los cines y en los urinarios públicos, perseguidos sin tregua por una policía política ataviada con ceñidos uniformes de cuero. Las calles y los transportes públicos serán vigilados por cientos de cámaras que observarán cualquier roce improcedente entre personas de distinto sexo. Las mujeres embarazadas serán recluidas en centros de detención especiales y, tras el parto, sus hijos pasarán a depender del Estado Homosexual, el día del orgullo gay se convertirá en fiesta nacional y las radios y televisiones emitirán continuamente clases de Educación para la Ciudadanía. En los colegios e Institutos, fanáticos maestros y profesores educarán a los niños y niñas en el relativismo moral y el materialismo ateo.

Gracias al obispo cordobés sabemos que nos enfrentamos a una formidable amenaza, que esta vez no proviene de la estepa rusa, ni de las clandestinas Logias, ni de los centros financieros internacionales. Una internacional sodomita con centro en la ONU ha extendido sus tentáculos por toda la sociedad, ganando voluntades, pervirtiendo instituciones, arrumbando valores tradicionales. Pero España dispone de reservas espirituales y materiales para vencer al maligno. Y generosamente ofrecemos nuestros remedios al resto del mundo. En primer lugar, salirse de las Naciones Unidas (“si ellos tienen ONU, nosotros tenemos dos”, como racialmente se afirmó en 1946); en segundo lugar, lectura obligatoria en todas las escuelas y colegios de las proclamas de Millán Astray, acompañadas de exhibiciones marciales de la cabra de La Legión y, finalmente, sustituir las prácticas psiquiátricas comunistoides por las terapias viriles de Vallejo Nájera. Si los pueblos del mundo perseveran en estos remedios, no hay duda de que las legiones gays huirán despavoridas, y volveremos a disfrutar por muchos años de esos bares llenos de sifilíticos mentales, analfabetos, paletos descerebrados y maltratadores de mujeres que, delante de una copa de aguardiente barato, dan rienda suelta a sus frustraciones y exhiben un machismo tétrico y cobarde.

12/12/10

LA MILITARIZACIÓN DE LAS RELACIONES LABORALES

Carlos Hermida


En el conflicto provocado por los controladores aéreos el día 3 de diciembre por la tarde, al abandonar masivamente sus puestos de trabajo, se están mezclando cuestiones diferentes que conviene deslindar y analizar con sumo cuidado para evitar caer en demagogias fáciles y brindar apoyo a medidas claramente reaccionarias que terminarán por volverse contra el conjunto del movimiento obrero.

En primer lugar, los controladores forman un colectivo claramente privilegiado e insolidario. Agrupados en un sindicato corporativo (USCA), jamás los hemos visto apoyar huelgas protagonizadas por otros trabajadores de los aeropuertos. Ahora bien, una cosa es la existencia de una aristocracia laboral con sueldos astronómicos y otra bien diferente la actitud del gobierno.

La indignación de cientos de miles de ciudadanos ante el cierre del espacio aéreo no justifica en modo alguno la declaración del estado de alarma y mucho menos la militarización de los controladores. Con estas medidas se está lanzando un mensaje a otros colectivos de trabajadores, advirtiéndoles del riesgo que a partir de ahora puede entrañar la declaración de una huelga. Sobre la base de una supuesta situación de emergencia, nada impide militarizar a los maestros, los bomberos o los maquinistas del ferrocarril. Ante los próximos recortes de derechos laborales, se trata de atemorizar al conjunto del movimiento obrero y paralizar las protestas.

La militarización de las relaciones laborales y del orden público constituye una coacción intolerable. Los militares en las torres de control de los aeropuertos nos hacen retroceder a los tiempos de la dictadura franquista, con sus brutales estados de excepción y sus tribunales especiales.

La justicia militar (¿es realmente justicia?) debe aplicarse únicamente a los miembros de las Fuerzas Armadas, pero su extensión a los civiles es un indicio de la fascistización del Estado español. El fantasma del Ejército gendarme planea otra vez sobre la sociedad española.

La clase obrera debe desligarse de actitudes corporativas, pero tiene que evitar por encima de todo que la demagogia del gobierno y de la patronal, atizando los resentimientos y las envidias o mediante el manido recurso del secuestro de los ciudadanos, enfrente a los trabajadores entre sí. Porque si hablamos de privilegios y privilegiados en España, la Iglesia y el Ejército encabezan la lista.

El gobierno ha utilizado un conflicto laboral grave para dar un salto cualitativo en las medidas represivas contra el movimiento obrero, y lo más preocupante es que una parte de la sociedad las aplaude y jalea. Si queremos superar este horizonte de represión, desastre social y conculcación de derechos civiles, es necesario forjar la unidad popular que nos permita avanzar hacia la III REPÜBLICA.

25/11/10

PLAN DE EMERGENCIA CONTRA EL PARO Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL

Madrid, 18 de noviembre de 2010

En la Comunidad de Madrid, como en el resto de España, el principal problema es el paro, causado por una destrucción acelerada del empleo, a su vez provocada por la recesión económica y un modelo productivo agotado y fracasado.
El inicio de la crisis financiera a nivel internacional en 2007 y el estallido de la burbuja inmobiliaria en España, tuvieron efectos negativos inmediatos en el empleo de la Comunidad de Madrid.
La apuesta del Gobierno regional por el sector de la construcción como motor del crecimiento económico, además de las políticas de reducción y en algunos casos, de práctica supresión de impuestos, han sido decisivas en el desarrollo de la crisis en la Comunidad de Madrid. Mientras, la destrucción de empleo ha alcanzado cotas inasumibles (546.000 desempleados en estos momentos), atajar este desempleo no parece ser una prioridad del Gobierno regional, que muy al contrario, continúa insistiendo en una política económica errónea y socialmente injusta, que está teniendo como efecto un empeoramiento de la situación socio laboral de la región de Madrid.
El respaldo que han dado a la convocatoria de huelga general, el pasado 29 de septiembre, las trabajadoras y trabajadores madrileños, y el conjunto de la ciudadanía de nuestra región, debe servir de motivo de reflexión al Gobierno de la Comunidad de Madrid para rectificar sus políticas neoliberales que han sacrificado el gasto social durante los últimos años en los diferentes ejercicios presupuestarios.

La movilización general de las madrileñas y madrileños ejerciendo el derecho de huelga, y acudiendo a la multitudinaria manifestación de ese mismo día, lo fue tanto en su condición de trabajadores como de ciudadanos, dando una respuesta ejemplar y contundente a la reforma laboral, y también en defensa de sus derechos y de sus condiciones laborales y de vida.

La participación activa de los trabajadores de la región en la protesta que ha significado el paro general, ha expresado con meridiana claridad el malestar ciudadano ante una situación en la que son precisamente los trabajadores los únicos que están pagando las consecuencias de una crisis de la que no son en absoluto responsables.

El éxito de la movilización nos obliga a todos en el esfuerzo por conseguir la rectificación de estas políticas que no sólo no van a arreglar los problemas actuales, sino que, por desgracia, los van a acentuar, incrementando los niveles de paro —tal y como vienen registrando ya los dos meses más recientes de agosto y septiembre—, y agudizando la dualización social.

En este contexto, CCOO y UGT, creemos que los contenidos de la Iniciativa Sindical por la Comunidad de Madrid, presentada en septiembre y que se acompaña a este documento, son los más adecuados para dar una salida a la situación actual desde la atención prioritaria a los intereses ciudadanos, lo que, además, redundará en beneficio de las propias actividades productivas y económicas de la Comunidad de Madrid.

Es el momento para que nuestras propuestas sean tomadas en consideración por el Ejecutivo regional, dialogada con los sindicatos y aplicada en sus distintos puntos.

Pero al mismo tiempo es necesario actuar de manera inmediata en relación al primer problema de los madrileños, el desempleo masivo, con la puesta en marcha de un Plan de Emergencia que tenga la lucha contra el desempleo como prioridad.

Para hacer frente de manera decidida a esta situación, CCOO y UGT consideran necesario un Plan Regional de Emergencia contra el paro y la exclusión social, con el objetivo de crear 200.000 empleos y mejorar la protección social.
Se trata de un Plan con un plazo de 2 años, que tiene como objetivo principal la creación de 200.000 empleos (directos e indirectos). Así como el aumento de la protección social contra la exclusión a través de la Renta Mínima de Inserción (RMI) a 30.000 familias, que en estos momentos atiende únicamente a 12.900 familias y de un programa de mantenimiento de rentas para los desempleados sin prestaciones ni subsidios y sus familias.
Para la consecución de este objetivo se hace necesaria la firme voluntad política del Gobierno regional de dotar a este Plan Regional de Emergencia de los recursos económicos necesarios, que estimamos aproximadamente en 2.500 millones de euros.
En este sentido, desde CCOO Y UGT planteamos una serie de actuaciones en materia de ingresos y gastos, que permitirían la consecución de estos recursos. Unas medidas necesarias de adoptar para exigir el esfuerzo a quienes más tienen. Para corregir la injusticia de que los sacrificios recaigan, en exclusiva, sobre los asalariados y pensionistas, los mas castigados por la crisis y por las medidas de ajuste de las distintas Administraciones.
Estas medias se vertebrarían sobre tres ejes de actuación: la política fiscal, la racionalización del gasto público y la lucha contra el fraude fiscal.
Creemos que una reforma progresiva de la política fiscal, un control del gasto que evite el despilfarro improductivo y la lucha decidida contra el fraude, pueden ayudar decididamente en la recuperación económica.

CCOO y UGT proponemos obtener esos 2.500 millones de euros a través de las siguientes actuaciones:
A.- De Política Fiscal (que paguen más los que más tienen).
Desde CCOO y UGT defendemos una reforma fiscal que aumente los ingresos, pero de forma equilibrada. Frente a los regalos fiscales, la subida del IVA, de las tasas, nosotros apostamos por una reforma fiscal realmente progresiva centrada en una sola premisa: “que paguen más las grandes rentas, los grandes patrimonios y la banca”.
El propio Gobierno regional, presume de haber “regalado” en sus 7 años de gobierno la cantidad de 15.000 millones de euros, a través de bajadas selectivas de impuestos. El grueso de estos regalos fiscales se ha ejecutado desde el año 2007, con más de 10.500 millones de euros, en contraste en el mismo periodo el desempleo aumentaba en Madrid más de 340.000 personas.
Estas políticas de regalos fiscales han beneficiado de forma significativa sólo a un pequeño porcentaje de contribuyentes, los de mayor renta y patrimonio, por lo que, además de injustas, no han contribuido a reactivar el consumo ni la actividad económica.
El modelo fiscal impuesto por el Gobierno regional desde el año 2003, se resume en una política fiscal de reducciones, exenciones y supresiones de impuestos directos (tramo autonómico del IRPF, Impuesto de Sucesiones y Donaciones e Impuesto de Patrimonio), que han hecho depender a la hacienda madrileña de los impuestos indirectos, relacionados la mayoría de ellos con el mercado inmobiliario, principal víctima de la crisis económica actual (Impuestos de Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Impuesto de Actos Jurídicos Documentados). Un modelo fiscal y unas políticas presupuestarias que cargan todo el ajuste en la reducción del gasto público y de los salarios y las pensiones.
Desde CCOO y UGT, creemos urgente una reforma fiscal basada en los principios de suficiencia y progresividad, que en el ámbito de competencias de la Comunidad de Madrid, se traduciría en:
Aumento de dos tipos y tramos del IRPF alcanzando el 45 y 50%, quedando el tramo autonómico en un 17,87 y 22,87% respectivamente, para rentas mayores de 120.000 y 180.000 euros
Eliminación de las deducciones en el tramo autonómico del IRPF, que no tienen un criterio de renta salarial a la hora de su aplicación (familias numerosas, Mercado Alternativo Bursátil, educación privada, fundaciones, etc.) e incorporar nuevos criterios en la deducciones en función de las rentas salariales.
Recuperación de los tipos impositivos del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, eliminando las bonificaciones y exenciones impulsadas por el Gobierno regional desde el año 2006, que han supuesto en la práctica la supresión de la mayor parte de este impuesto.
Incremento de un 1% del impuesto de Transmisiones Patrimoniales del 7 al 8%, siguiendo lo realizado por otras comunidades, como Cantabria, Aragón, Cataluña, etc.
La creación o incorporación de impuestos ecológicos (fiscalidad verde) diseñados para penalizar y encarecer el uso de determinados bienes o procesos que perjudican al medio ambiente e incentivar las que tengan efectos favorables. Además algunos de ello serían de competencia municipal, y podrían dotar de recursos a los ayuntamientos, que vienen arrastrando un déficit histórico de financiación.

Mientras que en el ámbito de competencias estatales, las medidas serían las siguientes:

Reclamar al Estado la recuperación del Impuesto de Patrimonio hasta su conversión en un impuesto sobre grandes fortunas y patrimonios, lo que exige un cambio a nivel estatal.
Impulsar desde la Comunidad de Madrid, una tasa sobre depósitos bancarios a nivel estatal, con un tipo del 0,20%.
Proponer al Estado, cambios en las plusvalías patrimoniales para no primar la especulación y que ahora cotizan al 18%, cualquiera que haya sido el tiempo transcurrido para conseguirlas. Igualmente, modificar el impuesto de plusvalías municipal para su adecuación a las cantidades de la escritura.

Según nuestras estimaciones, la puesta en marcha de estas medidas podría suponer, para 2011 un aumento como mínimo de 1.000 millones de euros en la recaudación autonómica. Mientras que para 2012, con la suma de las medidas de competencia estatal, se podrían alcanzar más de 500 millones.

B.- De reducción del Gasto improductivo y superfluo.
Junto al incremento de los ingresos vía aumento de la recaudación, existen otras medidas para equilibrar las cuentas públicas y contribuir a la creación de empleo, una de la que mas impacto tendrían es el recorte de los gastos de carácter superfluo o improductivo, que en muchos casos son simplemente un derroche.
Los gastos en publicidad y propaganda, han tenido un enorme crecimiento desde el año 2003, hasta alcanzar 750 millones en el periodo 2007 – 2010. Proponemos una reducción del 50% en esta partida del gasto.
Otra partida que también ha crecido significativamente desde el año 2003, ha sido la correspondiente a altos cargos y cargos de confianza del Gobierno regional. Desde CCOO y UGT, proponemos una reducción del 50% en esta partida.
Igualmente, habría que actuar sobre las políticas ineficaces y de despilfarro en relación con los Organismos Autónomos, Empresas Públicas y Entes Públicos, para lo que no sirven las extinciones, fusiones y enajenaciones contempladas en la ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Comunidad para 2011. En este sentido, estas medidas no solo no atacan el problema, sino que lo agravan al disolver instrumentos necesarios para estimular la economía regional. Igualmente, proponemos una reducción de los costes de los Servicios Públicos externalizados, fundamentalmente los nuevos hospitales de gestión privada, por la vía de exigir a todas las concesiones y contratas el recorte de los correspondientes beneficios empresariales en un 5%, manteniendo el empleo.
Otra medida muy importante de ahorro sería la utilización eficiente de los recursos humanos de la Administración regional, que haga innecesario el recurso generalizado a consultoras “amigas” que realizan tareas que son propias de los empleados públicos.
Esta reducción de gasto calculamos que permitiría un ahorro de 500 millones de euros en los dos años de vigencia del Plan.
C.- De lucha decidida contra el fraude fiscal para recuperar la recaudación.
En la estructura recaudatoria española, se hace cada vez más evidente que la carga tributaria pesa fundamentalmente sobre los asalariados. Mientras, el grueso del fraude se encuentra en las grandes fortunas, asesoradas por bufetes de abogados especializados en la ingeniería financiera y en la economía sumergida.
Esta economía sumergida que según diferentes cálculos puede suponer a nivel nacional unos 245.000 millones de euros, el 23% del PIB, si estuviera fiscalizada produciría unos 38.000 millones de euros de ingresos.
Hay que resaltar la enorme bajada de la recaudación regional entre 2006-2010, como consecuencia tanto de la crisis, como de los regalos fiscales y del posible aumento de la evasión fiscal, que ha pasado de de 4.355 a 2.128 millones de euros, es decir un descenso de 2.227 millones de euros (-104%).
Mientras los datos facilitados por el Gobierno regional respecto a los resultados de su Plan de lucha contra el fraude fiscal en la Comunidad de Madrid, nos dicen que el fraude descubierto entre los años 2006 y 2009 ha pasado de 369 a 529 millones de euros, es decir un aumento de 160 millones (un 30% mas). Desde CCOO y UGT creemos necesarios un esfuerzo por parte del Gobierno regional para que impulse un verdadero Plan de Lucha contra el Fraude Fiscal y la economía sumergida, lo que permitiría aumentar en 500 millones lo recaudado por esta vía en los dos próximos años.
Esto implica incrementar el número de expedientes investigados y aumentar las inspecciones laborales en los polígonos y centros de trabajo, para combatir la economía irregular.
Para ello, se hace necesario dotar los organismos de inspección de suficientes recursos humanos y materiales.
MEDIDAS DE GASTO PÚBLICO PARA LA CREACION DE 200.000 EMPLEOS Y LA MEJORA DE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN MADRID.

Con los recursos obtenidos a través de las actuaciones descritas en el apartado anterior, en el entorno de los 2.500 millones de euros, se podría desarrollar este Plan de emergencia que proponemos desde CCOO y UGT, con la creación de 140.000-150.000 empleos directos e indirectos en 2011 y el resto hasta los 200.000, en 2012. Todo ello a través del establecimiento inmediato de las siguientes medidas:

1- Inversión productiva. Incremento de las inversiones públicas

Creación directa de empleo por parte de la administración mediante el impulso de la obra pública, rehabilitación de viviendas y la realización de servicios esenciales vinculados a la educación, la sanidad y atención a la dependencia.
Puesta en marcha de un Plan Regional para la contratación de personas en desempleo por las corporaciones locales y organismos públicos, con el objeto de reforzar los equipos y medios técnicos de los servicios municipales y otros organismos públicos, contribuyendo con ello a la prestación de un mejor servicio al ciudadano. Establecer un acuerdo con las Corporaciones Locales para el establecimiento de planes territoriales de empleo.
Desarrollo de un Plan Regional de Inversiones Públicas, que en cooperación con las entidades locales y gobierno central, coordine los recursos existentes para la construcción de dotaciones públicas e infraestructuras: centros educativos, residencias, centros de salud, centros de mayores, rehabilitación de polígonos, red de transporte ferroviario y carriles-bus interurbanos.
El Plan Regional de Inversiones Públicas pondría en marcha la construcción de dotaciones públicas e infraestructuras, como 150 centros educativos infantiles públicos, 60 residencias públicas, 50 nuevos centros de salud de atención primaria, 100 centros de día, rehabilitación y tecnificación de los polígonos industriales, mejora de la red de carreteras regionales, construcción de carriles-bus interurbanos además de la rehabilitación de viviendas.
Desde CCOO y UGT, manifestamos nuestra oposición a los recortes de inversión del Gobierno regional sobre lo ya presupuestado, que a su vez suponía un recorte importante sobre los años anteriores. En los años 2009, 2010 y 2011, entre lo recortado y lo no ejecutado, la inversión puede sufrir una caída de más de 2000 millones de euros y ser más de 150.000 los empleos susceptibles de haber sido creados..

2- Creación de un Agencia de Crédito Oficial Regional.
CCOO y UGT, consideramos imprescindible en la actual situación de práctica ausencia de financiación bancaria para PYMES, autónomos y familias y ante el escaso éxito de las iniciativas puestas en marcha por el Gobierno regional, la evaluación de estas y la necesidad de un nuevo impulso. Con este fin proponemos la creación de una Agencia de Crédito Oficial de la Comunidad de Madrid, que permita cubrir esa necesidad urgente de financiación, por medio de avales y créditos públicos.

3- Medidas destinadas al mantenimiento de rentas y ayudas a las familias.

El mantenimiento de ingresos para los colectivos mas perjudicado por la crisis, es un factor clave para la salida de dicha crisis. Por ello, ante el incremento del desempleo y el aumento del paro de larga duración, es necesario el apoyo hacia las personas desempleadas y sus familias aumentando las prestaciones económicas. Con este objetivo y de manera integral con la políticas activas proponemos la creación de un programa de mantenimiento de rentas para aquellas personas que han perdido el empleo y han agotado las prestaciones y ayudas.
Reforzar la lucha contra la exclusión social. Y con este fin mejorar la Renta Mínima de Inserción, con el objetivo de llegar a las 30.000 familias perceptoras, adaptándola a las necesidades actuales y agilizando el procedimiento de gestión. Con Incremento de la cuantía básica, así como la puesta en marcha de una campaña informativa sobre esta prestación y el refuerzo de los dispositivos de atención social vinculados a la misma.

4- Hacer eficaces los Servicios Públicos de Empleo e intensificar la creación de empleo directo por parte de la Administración regional.

Potenciación de los servicios públicos de gestión directa como medida generadora de empleo y de calidad de los derechos sociales. Creación de empleo público para hacer frente a las necesidades sociales y , con carácter inmediato, actuar sobre la aplicación de la Ley de Atención a la Dependencia en la Comunidad de Madrid, la extensión de la educación infantil, la FP y las acciones contra el fracaso escolar y el abandono temprano, así como la eliminación de las listas de espera sanitaria.
Revisar el funcionamiento del el Servicio Regional de Empleo, organismo responsable en nuestra Comunidad de llevar a cabo las políticas de empleo, y dotarle de un papel más activo, dinámico y eficaz en la respuesta a los problemas del desempleo. Esto exige un plan específico acordado con los agentes sociales que supere la actual falta de transparencia e ineficiente gestión.
Incrementar los recursos del Servicio Regional de Empleo, con aumento de sus plantillas para una mejor atención personalizada a las personas en desempleo y mayor eficacia en los itinerarios de inserción. Establecer un plan especifico e itinerarios de inserción laboral para jóvenes, mayores de 45 años y desempleados de larga duración.
Intensificar los controles de la Inspección de trabajo para combatir la economía irregular.

CCOO y UGT proponen que este conjunto de medidas esté orientado a complementar la apuesta por un cambio de modelo productivo regional y en este sentido, deben completar el Plan FICAM 2009-2012 y el Plan Regional de I+D+i (PRIDI), cuyo cumplimiento estricto exigimos.

9/11/10

NO SON PRESOS DE CONCIENCIA

Carlos Hermida

La decisión del gobierno cubano de poner en libertad progresivamente a 52 presos ha tenido una enorme repercusión mediática, caracterizada, como siempre que se hace referencia a la realidad cubana, por las mentiras, las tergiversaciones y las deformaciones más groseras.

La inmensa mayoría de los medios de comunicación españoles han ocultado deliberadamente que estas personas habían sido juzgadas y condenadas por participar en una amplia conspiración contra el Estado cubano. Aquí reside la clave de la operación de desinformación e intoxicación ideológica en la que participan activamente los periódicos, la radio y la televisión. Los ciudadanos ahora liberados, y los que lo serán en los próximos meses, no son inocentes, pacíficos y angelicales presos de conciencia encarcelados por haberse atrevido a criticar a la pérfida dictadura castrista, sino activistas pagados por Estados Unidos para conspirar contra el régimen de su país, algo que está castigado en todos los códigos penales del mundo. A los periodistas y tertulianos españoles que durante varios días han criticado ferozmente al régimen cubano por violar los derechos humanos, hay que recordarles que nuestra Ley de Partidos ha ilegalizado las organizaciones de la izquierda abertzale y privado del derecho al voto a decenas de miles de ciudadanos vascos, y que recientemente nuestra democrática justicia ha sancionado al juez Garzón por investigar los crímenes del franquismo. Y a nuestros democráticos periodistas también se les suele olvidar que Amnistía Internacional lleva muchos años denunciando documentadamente en sus informes la práctica de la tortura en España.

Los individuos ahora excarcelados eran agentes del “Proyecto Varela”, cuyo objetivo no era otro que el de destruir el régimen socialista de Cuba por cualquier medio, incluyendo actividades violentas y la intervención militar. Este proyecto, diseñado por Estados Unidos, contando con la activa colaboración de la mafia cubana de Miami, contaba con una financiación de 40 millones de dólares.

Es importante recordar que la detención, juicio y encarcelamiento de estos mercenarios tuvo lugar entre 2002 y 2003, años en los que Cuba fue incluida en el definido por el presidente Bush como “Eje del Mal”y se atribuía al régimen cubano la posesión de armas biológicas. Fue en ese contexto de amenaza de invasión por parte de la Administración estadounidense cuando el gobierno cubano, en legítima defensa de su ordenamiento jurídico y soberanía nacional, detuvo a unos ciudadanos que pretendían, y siguen pretendiendo, acabar con el ordenamiento político y jurídico de Cuba.

Los medios de comunicación insisten en hablar de presos políticos y de conciencia reprimidos brutalmente por la tiranía castrista, pero ocultan celosamente que las organizaciones del llamado exilio cubano y sus agentes en el interior practican actos terroristas que en España están castigados con larguísimas penas de prisión.

Desde hace cuatro décadas el pueblo cubano ha sido víctima de actos terroristas concebidos y financiados en su inmensa mayoría por Estados Unidos. Como resultado de las 681 acciones terroristas llevadas a cabo desde 1959, debidamente probadas y documentadas, han resultado muertas 3.478 personas y otras 2.099 quedaron incapacitadas.

En 1960 el gobierno de Estados Unidos aprobó el “Programa de Acción Encubierta contra el Régimen de Castro”, conocido como “Operación Mangosta”, que autorizaba la creación de una organización secreta para operar dentro de Cuba, y en 1962 se adoptó el “Proyecto Cuba”, que contenía 32 tareas de guerra encubierta contra el régimen cubano.

Entre 1959 y 2001, 51 aviones cubanos fueron secuestrados y dirigidos a Estados Unidos. El 6 de octubre de de 1976 se produjo el más brutal atentado terrorista, cuando en pleno vuelo estalló una bomba en un avión civil de la compañía Cubana de Aviación, resultando muertas 73 personas. El atentado fue cometido por mercenarios venezolanos contratados por dos conocidos terroristas cubanos: Orlando Bosch Ávila y Luis Posada Carriles, reclutados por la CIA desde 1960. Incluso dentro de Estados Unidos se han cometido acciones contra intereses cubanos. El 5 de junio de 1976 la Misión de Cuba ante la ONU fue objeto de un atentado con explosivos; en marzo de 1980 se colocó una bomba en el automóvil del Representante Permanente de Cuba ante la ONU, en Nueva York, y en septiembre de 1980 fue asesinado el diplomática Félix García, integrante de la representación cubana ante Naciones Unidas.

A partir de 1992 fue la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA) quien asumió la organización de las acciones terroristas contra Cuba, fundamentalmente contra instalaciones turísticas. En 1997, mercenarios de la Fundación hicieron estallar siete bombas en instalaciones hoteleras.

A los periodistas se les debe exigir que tengan una mínima honestidad profesional y analicen los hechos con objetividad. Lo que no es admisible es que en España la prensa niegue la condición de presos políticos a los militantes de ETA, con el argumento de que están condenados por delitos terroristas, y se conceda el estatuto de presos de conciencia a mercenarios que se dedican a colocar bombas en aviones y hoteles. Y tampoco es de recibo que la Comunidad de Madrid, presidida por Esperanza Aguirre conceda cuantiosas subvenciones a la Fundación Hispano-Cubana, creada en 1996 y a la que se relaciona directamente con la FNCA, responsable, como ya hemos visto, de criminales atentados contra Cuba.

12/10/10

Tambores de guerra, lenguaje de paz

Efrén

La capacidad de manipulación, tergiversación, falsificación y disimulo de las clases dominantes españolas no tiene límite. De la misma forma que en una camaleónica operación política pasaron de fascistas a demócratas de toda la vida, también son capaces de atribuir la actual crisis capitalista al conjunto de los trabajadores, que hemos vivido muchos años por encima de nuestras posibilidades, gastamos demasiado en medicinas y además tenemos la osadía de alcanzar una alta esperanza de vida y aspiramos a cobrar una pensión. Con la cobertura de la inmensa mayoría de medios de comunicación, el mensaje de la burguesía termina calando en amplios sectores de la sociedad española, dividiendo y enfrentando a la clase obrera --españoles contra inmigrantes, trabajadores precarios contra los fijos, asalariados de la empresa privada contra los funcionarios--, mientras la banca sigue acumulando inmensos beneficios y el llamado Estado del Bienestar desaparece.

La perversión del lenguaje es total. Ya no hay despidos, sino regulaciones de plantilla; la extracción de plusvalía ha dejado paso a las ganancias de productividad; el empleo temporal crea trabajo estable y cobrar menos impuestos a las grandes fortunas es de izquierdas. Este enmascaramiento de la realidad abarca todos los aspectos de la vida social y, naturalmente, alcanza también al Ejército. Desde los años de la Transición hasta hoy, hemos asistido a una operación de maquillaje y embellecimiento de las Fuerzas Armadas que ha pretendido borrar su negro pasado y camuflar la usurpación de la soberanía nacional que ejercen en la actual monarquía juancarlista.

A lo largo de los siglos XIX y XX el Ejército español ha sido una institución diseñada y organizada esencialmente para mantener el orden social, político y económico; es decir, un Ejército gendarme cuya misión era aplastar las protestas obreras. Los trabajadores españoles han sufrido en su propia carne la represión salvaje de unos militares cuyas únicos triunfos los conseguían masacrando a obreros y campesinos. Derrotados y humillados en Cuba (1890) y en la guerra de Marruecos (1909 y 1921), los prepotentes, incultos y violentos militares españoles sólo fueron capaces de vencer en la guerra civil que libraron contra su propio pueblo entre 1931 y 1936. Triste mérito el de una victoria que sólo pudieron obtener gracias a la ayuda de Hitler y Mussolini y al precio de asesinar a más de 200.000 republicanos juzgados en la farsa siniestra de los ilegales Consejos de Guerra.

Pronunciamientos, golpes de estado, aplicación de la jurisdicción militar a los civiles y privilegios de todo tipo (viviendas, residencias, hospitales) forman parte de la trayectoria histórica de una casta parasitaria a la que la monarquía española siempre ha mimado y protegido, consciente de que esos mílicos, incapaces de derrotar a un enemigo extranjero, eran la salvaguarda del trono. Hasta la reforma militar de Azaña, el Ejército rechazó con éxito cualquier modificación de sus estructuras arcaicas. Planes de estudio desfasados, tecnología obsoleta, inflación de oficiales y un sistema de reclutamiento odiosos e injusto (hasta 1912 se mantuvo la redención en metálico, que hacia posible librase del servicio militar o de ir a la guerra pagando una determinada cantidad de dinero al Estado), convirtieron al Ejército en una institución ineficaz para una guerra moderna, enormemente costosa y extremadamente peligrosa para la población civil. Con honrosas excepciones, el oficial español ha sido paleto, machista, reaccionario, cruel e incompetente.

Convertido en uno de los pilares del régimen fascista de Franco, no es de extrañar que a la altura de 1975 una gran parte de la sociedad española fuese hostil al Ejército, de la misma manera que lo era hacia un monarca impuesto por el dictador. Se hizo necesaria una rápida labor cosmética para lavar la imagen de las Fuerzas Armadas y presentarlas en sociedad con un talante europeo y democrático. La tarea no era fácil porque esos militares ultramontanos y soeces se empeñaban en amargar la fiesta a los políticos de la transición con conspiraciones e intentonas golpistas, y así no había manera de que la ciudadanía dejase de recelar de los uniformados, abandonase su antimilitarismo y aceptara que, tras la entrada en la OTAN, las tropas españolas interviniesen en operaciones bélicas al servicio de la estrategia imperialista de Estados Unidos.

Las lumbreras del Ministerio de Defensa se pusieron manos a la obra y, tras varias de esas sesiones que los psicopedagogos denominan tormenta de ideas, encontraron la fórmula genial, el remedio infalible que convertiría a los militares en personas de bien, reconocidas y admiradas por el conjunto de la ciudadanía. El Ejército no actúa en misiones de guerra, participa en ¡¡¡ MISIONES DE PAZ!!! Aquellos legionarios que había violado y asesinado en masa en Badajoz en 1936 se transmutarían en solidarios miembros de una ONG que llevaría la paz y la democracia a Bosnia, Irak y Afganistán.

Desde 1989 los soldados españoles han intervenido en medio centenar de operaciones que han costado 7.000 millones de euros y 162 bajas. ¿Cómo es posible que hombres y mujeres que van a sembrar el bien, construir hospitales y escuelas sean atacados y muertos por las poblaciones locales, se preguntan los ciudadanos de a pie? Nuestros políticos también tienen la respuesta precisa. Esas muertes son ocasionadas por peligrosos y fanáticos terroristas, empeñados en destruir la civilización occidental, enemigos de la democracia y el progreso. En resumen: las tropas españolas no participan en guerras de agresión, no son cómplices de las matanzas de civiles ni de las torturas a que son sometidos los prisioneros de guerra, y llevan armas sólo para repeler los ataques de unos individuos desagradecidos y malvados. Los soldados no mueren en acciones de guerra libradas por guerrillas que combaten por la independencia nacional, sino que son vilmente asesinados por bandas terroristas, y por ello deben recibir honores militares, condecoraciones a título póstumo y sus viudas cobrar generosas pensiones sin necesidad de cumplir los engorrosos requisitos de la Seguridad Social . Y ahora que lo pienso, ¿no tendríamos que revisar nuestra Guerra de la Independencia? Agustina de Aragón, ¿fue de verdad una heroína o integrante de una pérfida partida de talibanes maños?

Tanta labor humanitaria bien merece el reconocimiento de nuestros gobernantes y, por esa razón, los gloriosos guerreros que pasean la enseña nacional por medio mundo han sido obsequiados este año con unas largas vacaciones en las playas de Haití, con todos los gastos pagados. Por el módico precio de 18 millones de euros nuestros esforzados centuriones han repuesto fuerzas en el Caribe y ya están listos para acompañar de nuevo a los marines estadounidenses en su campaña universal contra el MAL.