12/12/10

LA MILITARIZACIÓN DE LAS RELACIONES LABORALES

Carlos Hermida


En el conflicto provocado por los controladores aéreos el día 3 de diciembre por la tarde, al abandonar masivamente sus puestos de trabajo, se están mezclando cuestiones diferentes que conviene deslindar y analizar con sumo cuidado para evitar caer en demagogias fáciles y brindar apoyo a medidas claramente reaccionarias que terminarán por volverse contra el conjunto del movimiento obrero.

En primer lugar, los controladores forman un colectivo claramente privilegiado e insolidario. Agrupados en un sindicato corporativo (USCA), jamás los hemos visto apoyar huelgas protagonizadas por otros trabajadores de los aeropuertos. Ahora bien, una cosa es la existencia de una aristocracia laboral con sueldos astronómicos y otra bien diferente la actitud del gobierno.

La indignación de cientos de miles de ciudadanos ante el cierre del espacio aéreo no justifica en modo alguno la declaración del estado de alarma y mucho menos la militarización de los controladores. Con estas medidas se está lanzando un mensaje a otros colectivos de trabajadores, advirtiéndoles del riesgo que a partir de ahora puede entrañar la declaración de una huelga. Sobre la base de una supuesta situación de emergencia, nada impide militarizar a los maestros, los bomberos o los maquinistas del ferrocarril. Ante los próximos recortes de derechos laborales, se trata de atemorizar al conjunto del movimiento obrero y paralizar las protestas.

La militarización de las relaciones laborales y del orden público constituye una coacción intolerable. Los militares en las torres de control de los aeropuertos nos hacen retroceder a los tiempos de la dictadura franquista, con sus brutales estados de excepción y sus tribunales especiales.

La justicia militar (¿es realmente justicia?) debe aplicarse únicamente a los miembros de las Fuerzas Armadas, pero su extensión a los civiles es un indicio de la fascistización del Estado español. El fantasma del Ejército gendarme planea otra vez sobre la sociedad española.

La clase obrera debe desligarse de actitudes corporativas, pero tiene que evitar por encima de todo que la demagogia del gobierno y de la patronal, atizando los resentimientos y las envidias o mediante el manido recurso del secuestro de los ciudadanos, enfrente a los trabajadores entre sí. Porque si hablamos de privilegios y privilegiados en España, la Iglesia y el Ejército encabezan la lista.

El gobierno ha utilizado un conflicto laboral grave para dar un salto cualitativo en las medidas represivas contra el movimiento obrero, y lo más preocupante es que una parte de la sociedad las aplaude y jalea. Si queremos superar este horizonte de represión, desastre social y conculcación de derechos civiles, es necesario forjar la unidad popular que nos permita avanzar hacia la III REPÜBLICA.

25/11/10

PLAN DE EMERGENCIA CONTRA EL PARO Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL

Madrid, 18 de noviembre de 2010

En la Comunidad de Madrid, como en el resto de España, el principal problema es el paro, causado por una destrucción acelerada del empleo, a su vez provocada por la recesión económica y un modelo productivo agotado y fracasado.
El inicio de la crisis financiera a nivel internacional en 2007 y el estallido de la burbuja inmobiliaria en España, tuvieron efectos negativos inmediatos en el empleo de la Comunidad de Madrid.
La apuesta del Gobierno regional por el sector de la construcción como motor del crecimiento económico, además de las políticas de reducción y en algunos casos, de práctica supresión de impuestos, han sido decisivas en el desarrollo de la crisis en la Comunidad de Madrid. Mientras, la destrucción de empleo ha alcanzado cotas inasumibles (546.000 desempleados en estos momentos), atajar este desempleo no parece ser una prioridad del Gobierno regional, que muy al contrario, continúa insistiendo en una política económica errónea y socialmente injusta, que está teniendo como efecto un empeoramiento de la situación socio laboral de la región de Madrid.
El respaldo que han dado a la convocatoria de huelga general, el pasado 29 de septiembre, las trabajadoras y trabajadores madrileños, y el conjunto de la ciudadanía de nuestra región, debe servir de motivo de reflexión al Gobierno de la Comunidad de Madrid para rectificar sus políticas neoliberales que han sacrificado el gasto social durante los últimos años en los diferentes ejercicios presupuestarios.

La movilización general de las madrileñas y madrileños ejerciendo el derecho de huelga, y acudiendo a la multitudinaria manifestación de ese mismo día, lo fue tanto en su condición de trabajadores como de ciudadanos, dando una respuesta ejemplar y contundente a la reforma laboral, y también en defensa de sus derechos y de sus condiciones laborales y de vida.

La participación activa de los trabajadores de la región en la protesta que ha significado el paro general, ha expresado con meridiana claridad el malestar ciudadano ante una situación en la que son precisamente los trabajadores los únicos que están pagando las consecuencias de una crisis de la que no son en absoluto responsables.

El éxito de la movilización nos obliga a todos en el esfuerzo por conseguir la rectificación de estas políticas que no sólo no van a arreglar los problemas actuales, sino que, por desgracia, los van a acentuar, incrementando los niveles de paro —tal y como vienen registrando ya los dos meses más recientes de agosto y septiembre—, y agudizando la dualización social.

En este contexto, CCOO y UGT, creemos que los contenidos de la Iniciativa Sindical por la Comunidad de Madrid, presentada en septiembre y que se acompaña a este documento, son los más adecuados para dar una salida a la situación actual desde la atención prioritaria a los intereses ciudadanos, lo que, además, redundará en beneficio de las propias actividades productivas y económicas de la Comunidad de Madrid.

Es el momento para que nuestras propuestas sean tomadas en consideración por el Ejecutivo regional, dialogada con los sindicatos y aplicada en sus distintos puntos.

Pero al mismo tiempo es necesario actuar de manera inmediata en relación al primer problema de los madrileños, el desempleo masivo, con la puesta en marcha de un Plan de Emergencia que tenga la lucha contra el desempleo como prioridad.

Para hacer frente de manera decidida a esta situación, CCOO y UGT consideran necesario un Plan Regional de Emergencia contra el paro y la exclusión social, con el objetivo de crear 200.000 empleos y mejorar la protección social.
Se trata de un Plan con un plazo de 2 años, que tiene como objetivo principal la creación de 200.000 empleos (directos e indirectos). Así como el aumento de la protección social contra la exclusión a través de la Renta Mínima de Inserción (RMI) a 30.000 familias, que en estos momentos atiende únicamente a 12.900 familias y de un programa de mantenimiento de rentas para los desempleados sin prestaciones ni subsidios y sus familias.
Para la consecución de este objetivo se hace necesaria la firme voluntad política del Gobierno regional de dotar a este Plan Regional de Emergencia de los recursos económicos necesarios, que estimamos aproximadamente en 2.500 millones de euros.
En este sentido, desde CCOO Y UGT planteamos una serie de actuaciones en materia de ingresos y gastos, que permitirían la consecución de estos recursos. Unas medidas necesarias de adoptar para exigir el esfuerzo a quienes más tienen. Para corregir la injusticia de que los sacrificios recaigan, en exclusiva, sobre los asalariados y pensionistas, los mas castigados por la crisis y por las medidas de ajuste de las distintas Administraciones.
Estas medias se vertebrarían sobre tres ejes de actuación: la política fiscal, la racionalización del gasto público y la lucha contra el fraude fiscal.
Creemos que una reforma progresiva de la política fiscal, un control del gasto que evite el despilfarro improductivo y la lucha decidida contra el fraude, pueden ayudar decididamente en la recuperación económica.

CCOO y UGT proponemos obtener esos 2.500 millones de euros a través de las siguientes actuaciones:
A.- De Política Fiscal (que paguen más los que más tienen).
Desde CCOO y UGT defendemos una reforma fiscal que aumente los ingresos, pero de forma equilibrada. Frente a los regalos fiscales, la subida del IVA, de las tasas, nosotros apostamos por una reforma fiscal realmente progresiva centrada en una sola premisa: “que paguen más las grandes rentas, los grandes patrimonios y la banca”.
El propio Gobierno regional, presume de haber “regalado” en sus 7 años de gobierno la cantidad de 15.000 millones de euros, a través de bajadas selectivas de impuestos. El grueso de estos regalos fiscales se ha ejecutado desde el año 2007, con más de 10.500 millones de euros, en contraste en el mismo periodo el desempleo aumentaba en Madrid más de 340.000 personas.
Estas políticas de regalos fiscales han beneficiado de forma significativa sólo a un pequeño porcentaje de contribuyentes, los de mayor renta y patrimonio, por lo que, además de injustas, no han contribuido a reactivar el consumo ni la actividad económica.
El modelo fiscal impuesto por el Gobierno regional desde el año 2003, se resume en una política fiscal de reducciones, exenciones y supresiones de impuestos directos (tramo autonómico del IRPF, Impuesto de Sucesiones y Donaciones e Impuesto de Patrimonio), que han hecho depender a la hacienda madrileña de los impuestos indirectos, relacionados la mayoría de ellos con el mercado inmobiliario, principal víctima de la crisis económica actual (Impuestos de Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Impuesto de Actos Jurídicos Documentados). Un modelo fiscal y unas políticas presupuestarias que cargan todo el ajuste en la reducción del gasto público y de los salarios y las pensiones.
Desde CCOO y UGT, creemos urgente una reforma fiscal basada en los principios de suficiencia y progresividad, que en el ámbito de competencias de la Comunidad de Madrid, se traduciría en:
Aumento de dos tipos y tramos del IRPF alcanzando el 45 y 50%, quedando el tramo autonómico en un 17,87 y 22,87% respectivamente, para rentas mayores de 120.000 y 180.000 euros
Eliminación de las deducciones en el tramo autonómico del IRPF, que no tienen un criterio de renta salarial a la hora de su aplicación (familias numerosas, Mercado Alternativo Bursátil, educación privada, fundaciones, etc.) e incorporar nuevos criterios en la deducciones en función de las rentas salariales.
Recuperación de los tipos impositivos del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, eliminando las bonificaciones y exenciones impulsadas por el Gobierno regional desde el año 2006, que han supuesto en la práctica la supresión de la mayor parte de este impuesto.
Incremento de un 1% del impuesto de Transmisiones Patrimoniales del 7 al 8%, siguiendo lo realizado por otras comunidades, como Cantabria, Aragón, Cataluña, etc.
La creación o incorporación de impuestos ecológicos (fiscalidad verde) diseñados para penalizar y encarecer el uso de determinados bienes o procesos que perjudican al medio ambiente e incentivar las que tengan efectos favorables. Además algunos de ello serían de competencia municipal, y podrían dotar de recursos a los ayuntamientos, que vienen arrastrando un déficit histórico de financiación.

Mientras que en el ámbito de competencias estatales, las medidas serían las siguientes:

Reclamar al Estado la recuperación del Impuesto de Patrimonio hasta su conversión en un impuesto sobre grandes fortunas y patrimonios, lo que exige un cambio a nivel estatal.
Impulsar desde la Comunidad de Madrid, una tasa sobre depósitos bancarios a nivel estatal, con un tipo del 0,20%.
Proponer al Estado, cambios en las plusvalías patrimoniales para no primar la especulación y que ahora cotizan al 18%, cualquiera que haya sido el tiempo transcurrido para conseguirlas. Igualmente, modificar el impuesto de plusvalías municipal para su adecuación a las cantidades de la escritura.

Según nuestras estimaciones, la puesta en marcha de estas medidas podría suponer, para 2011 un aumento como mínimo de 1.000 millones de euros en la recaudación autonómica. Mientras que para 2012, con la suma de las medidas de competencia estatal, se podrían alcanzar más de 500 millones.

B.- De reducción del Gasto improductivo y superfluo.
Junto al incremento de los ingresos vía aumento de la recaudación, existen otras medidas para equilibrar las cuentas públicas y contribuir a la creación de empleo, una de la que mas impacto tendrían es el recorte de los gastos de carácter superfluo o improductivo, que en muchos casos son simplemente un derroche.
Los gastos en publicidad y propaganda, han tenido un enorme crecimiento desde el año 2003, hasta alcanzar 750 millones en el periodo 2007 – 2010. Proponemos una reducción del 50% en esta partida del gasto.
Otra partida que también ha crecido significativamente desde el año 2003, ha sido la correspondiente a altos cargos y cargos de confianza del Gobierno regional. Desde CCOO y UGT, proponemos una reducción del 50% en esta partida.
Igualmente, habría que actuar sobre las políticas ineficaces y de despilfarro en relación con los Organismos Autónomos, Empresas Públicas y Entes Públicos, para lo que no sirven las extinciones, fusiones y enajenaciones contempladas en la ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Comunidad para 2011. En este sentido, estas medidas no solo no atacan el problema, sino que lo agravan al disolver instrumentos necesarios para estimular la economía regional. Igualmente, proponemos una reducción de los costes de los Servicios Públicos externalizados, fundamentalmente los nuevos hospitales de gestión privada, por la vía de exigir a todas las concesiones y contratas el recorte de los correspondientes beneficios empresariales en un 5%, manteniendo el empleo.
Otra medida muy importante de ahorro sería la utilización eficiente de los recursos humanos de la Administración regional, que haga innecesario el recurso generalizado a consultoras “amigas” que realizan tareas que son propias de los empleados públicos.
Esta reducción de gasto calculamos que permitiría un ahorro de 500 millones de euros en los dos años de vigencia del Plan.
C.- De lucha decidida contra el fraude fiscal para recuperar la recaudación.
En la estructura recaudatoria española, se hace cada vez más evidente que la carga tributaria pesa fundamentalmente sobre los asalariados. Mientras, el grueso del fraude se encuentra en las grandes fortunas, asesoradas por bufetes de abogados especializados en la ingeniería financiera y en la economía sumergida.
Esta economía sumergida que según diferentes cálculos puede suponer a nivel nacional unos 245.000 millones de euros, el 23% del PIB, si estuviera fiscalizada produciría unos 38.000 millones de euros de ingresos.
Hay que resaltar la enorme bajada de la recaudación regional entre 2006-2010, como consecuencia tanto de la crisis, como de los regalos fiscales y del posible aumento de la evasión fiscal, que ha pasado de de 4.355 a 2.128 millones de euros, es decir un descenso de 2.227 millones de euros (-104%).
Mientras los datos facilitados por el Gobierno regional respecto a los resultados de su Plan de lucha contra el fraude fiscal en la Comunidad de Madrid, nos dicen que el fraude descubierto entre los años 2006 y 2009 ha pasado de 369 a 529 millones de euros, es decir un aumento de 160 millones (un 30% mas). Desde CCOO y UGT creemos necesarios un esfuerzo por parte del Gobierno regional para que impulse un verdadero Plan de Lucha contra el Fraude Fiscal y la economía sumergida, lo que permitiría aumentar en 500 millones lo recaudado por esta vía en los dos próximos años.
Esto implica incrementar el número de expedientes investigados y aumentar las inspecciones laborales en los polígonos y centros de trabajo, para combatir la economía irregular.
Para ello, se hace necesario dotar los organismos de inspección de suficientes recursos humanos y materiales.
MEDIDAS DE GASTO PÚBLICO PARA LA CREACION DE 200.000 EMPLEOS Y LA MEJORA DE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN MADRID.

Con los recursos obtenidos a través de las actuaciones descritas en el apartado anterior, en el entorno de los 2.500 millones de euros, se podría desarrollar este Plan de emergencia que proponemos desde CCOO y UGT, con la creación de 140.000-150.000 empleos directos e indirectos en 2011 y el resto hasta los 200.000, en 2012. Todo ello a través del establecimiento inmediato de las siguientes medidas:

1- Inversión productiva. Incremento de las inversiones públicas

Creación directa de empleo por parte de la administración mediante el impulso de la obra pública, rehabilitación de viviendas y la realización de servicios esenciales vinculados a la educación, la sanidad y atención a la dependencia.
Puesta en marcha de un Plan Regional para la contratación de personas en desempleo por las corporaciones locales y organismos públicos, con el objeto de reforzar los equipos y medios técnicos de los servicios municipales y otros organismos públicos, contribuyendo con ello a la prestación de un mejor servicio al ciudadano. Establecer un acuerdo con las Corporaciones Locales para el establecimiento de planes territoriales de empleo.
Desarrollo de un Plan Regional de Inversiones Públicas, que en cooperación con las entidades locales y gobierno central, coordine los recursos existentes para la construcción de dotaciones públicas e infraestructuras: centros educativos, residencias, centros de salud, centros de mayores, rehabilitación de polígonos, red de transporte ferroviario y carriles-bus interurbanos.
El Plan Regional de Inversiones Públicas pondría en marcha la construcción de dotaciones públicas e infraestructuras, como 150 centros educativos infantiles públicos, 60 residencias públicas, 50 nuevos centros de salud de atención primaria, 100 centros de día, rehabilitación y tecnificación de los polígonos industriales, mejora de la red de carreteras regionales, construcción de carriles-bus interurbanos además de la rehabilitación de viviendas.
Desde CCOO y UGT, manifestamos nuestra oposición a los recortes de inversión del Gobierno regional sobre lo ya presupuestado, que a su vez suponía un recorte importante sobre los años anteriores. En los años 2009, 2010 y 2011, entre lo recortado y lo no ejecutado, la inversión puede sufrir una caída de más de 2000 millones de euros y ser más de 150.000 los empleos susceptibles de haber sido creados..

2- Creación de un Agencia de Crédito Oficial Regional.
CCOO y UGT, consideramos imprescindible en la actual situación de práctica ausencia de financiación bancaria para PYMES, autónomos y familias y ante el escaso éxito de las iniciativas puestas en marcha por el Gobierno regional, la evaluación de estas y la necesidad de un nuevo impulso. Con este fin proponemos la creación de una Agencia de Crédito Oficial de la Comunidad de Madrid, que permita cubrir esa necesidad urgente de financiación, por medio de avales y créditos públicos.

3- Medidas destinadas al mantenimiento de rentas y ayudas a las familias.

El mantenimiento de ingresos para los colectivos mas perjudicado por la crisis, es un factor clave para la salida de dicha crisis. Por ello, ante el incremento del desempleo y el aumento del paro de larga duración, es necesario el apoyo hacia las personas desempleadas y sus familias aumentando las prestaciones económicas. Con este objetivo y de manera integral con la políticas activas proponemos la creación de un programa de mantenimiento de rentas para aquellas personas que han perdido el empleo y han agotado las prestaciones y ayudas.
Reforzar la lucha contra la exclusión social. Y con este fin mejorar la Renta Mínima de Inserción, con el objetivo de llegar a las 30.000 familias perceptoras, adaptándola a las necesidades actuales y agilizando el procedimiento de gestión. Con Incremento de la cuantía básica, así como la puesta en marcha de una campaña informativa sobre esta prestación y el refuerzo de los dispositivos de atención social vinculados a la misma.

4- Hacer eficaces los Servicios Públicos de Empleo e intensificar la creación de empleo directo por parte de la Administración regional.

Potenciación de los servicios públicos de gestión directa como medida generadora de empleo y de calidad de los derechos sociales. Creación de empleo público para hacer frente a las necesidades sociales y , con carácter inmediato, actuar sobre la aplicación de la Ley de Atención a la Dependencia en la Comunidad de Madrid, la extensión de la educación infantil, la FP y las acciones contra el fracaso escolar y el abandono temprano, así como la eliminación de las listas de espera sanitaria.
Revisar el funcionamiento del el Servicio Regional de Empleo, organismo responsable en nuestra Comunidad de llevar a cabo las políticas de empleo, y dotarle de un papel más activo, dinámico y eficaz en la respuesta a los problemas del desempleo. Esto exige un plan específico acordado con los agentes sociales que supere la actual falta de transparencia e ineficiente gestión.
Incrementar los recursos del Servicio Regional de Empleo, con aumento de sus plantillas para una mejor atención personalizada a las personas en desempleo y mayor eficacia en los itinerarios de inserción. Establecer un plan especifico e itinerarios de inserción laboral para jóvenes, mayores de 45 años y desempleados de larga duración.
Intensificar los controles de la Inspección de trabajo para combatir la economía irregular.

CCOO y UGT proponen que este conjunto de medidas esté orientado a complementar la apuesta por un cambio de modelo productivo regional y en este sentido, deben completar el Plan FICAM 2009-2012 y el Plan Regional de I+D+i (PRIDI), cuyo cumplimiento estricto exigimos.

9/11/10

NO SON PRESOS DE CONCIENCIA

Carlos Hermida

La decisión del gobierno cubano de poner en libertad progresivamente a 52 presos ha tenido una enorme repercusión mediática, caracterizada, como siempre que se hace referencia a la realidad cubana, por las mentiras, las tergiversaciones y las deformaciones más groseras.

La inmensa mayoría de los medios de comunicación españoles han ocultado deliberadamente que estas personas habían sido juzgadas y condenadas por participar en una amplia conspiración contra el Estado cubano. Aquí reside la clave de la operación de desinformación e intoxicación ideológica en la que participan activamente los periódicos, la radio y la televisión. Los ciudadanos ahora liberados, y los que lo serán en los próximos meses, no son inocentes, pacíficos y angelicales presos de conciencia encarcelados por haberse atrevido a criticar a la pérfida dictadura castrista, sino activistas pagados por Estados Unidos para conspirar contra el régimen de su país, algo que está castigado en todos los códigos penales del mundo. A los periodistas y tertulianos españoles que durante varios días han criticado ferozmente al régimen cubano por violar los derechos humanos, hay que recordarles que nuestra Ley de Partidos ha ilegalizado las organizaciones de la izquierda abertzale y privado del derecho al voto a decenas de miles de ciudadanos vascos, y que recientemente nuestra democrática justicia ha sancionado al juez Garzón por investigar los crímenes del franquismo. Y a nuestros democráticos periodistas también se les suele olvidar que Amnistía Internacional lleva muchos años denunciando documentadamente en sus informes la práctica de la tortura en España.

Los individuos ahora excarcelados eran agentes del “Proyecto Varela”, cuyo objetivo no era otro que el de destruir el régimen socialista de Cuba por cualquier medio, incluyendo actividades violentas y la intervención militar. Este proyecto, diseñado por Estados Unidos, contando con la activa colaboración de la mafia cubana de Miami, contaba con una financiación de 40 millones de dólares.

Es importante recordar que la detención, juicio y encarcelamiento de estos mercenarios tuvo lugar entre 2002 y 2003, años en los que Cuba fue incluida en el definido por el presidente Bush como “Eje del Mal”y se atribuía al régimen cubano la posesión de armas biológicas. Fue en ese contexto de amenaza de invasión por parte de la Administración estadounidense cuando el gobierno cubano, en legítima defensa de su ordenamiento jurídico y soberanía nacional, detuvo a unos ciudadanos que pretendían, y siguen pretendiendo, acabar con el ordenamiento político y jurídico de Cuba.

Los medios de comunicación insisten en hablar de presos políticos y de conciencia reprimidos brutalmente por la tiranía castrista, pero ocultan celosamente que las organizaciones del llamado exilio cubano y sus agentes en el interior practican actos terroristas que en España están castigados con larguísimas penas de prisión.

Desde hace cuatro décadas el pueblo cubano ha sido víctima de actos terroristas concebidos y financiados en su inmensa mayoría por Estados Unidos. Como resultado de las 681 acciones terroristas llevadas a cabo desde 1959, debidamente probadas y documentadas, han resultado muertas 3.478 personas y otras 2.099 quedaron incapacitadas.

En 1960 el gobierno de Estados Unidos aprobó el “Programa de Acción Encubierta contra el Régimen de Castro”, conocido como “Operación Mangosta”, que autorizaba la creación de una organización secreta para operar dentro de Cuba, y en 1962 se adoptó el “Proyecto Cuba”, que contenía 32 tareas de guerra encubierta contra el régimen cubano.

Entre 1959 y 2001, 51 aviones cubanos fueron secuestrados y dirigidos a Estados Unidos. El 6 de octubre de de 1976 se produjo el más brutal atentado terrorista, cuando en pleno vuelo estalló una bomba en un avión civil de la compañía Cubana de Aviación, resultando muertas 73 personas. El atentado fue cometido por mercenarios venezolanos contratados por dos conocidos terroristas cubanos: Orlando Bosch Ávila y Luis Posada Carriles, reclutados por la CIA desde 1960. Incluso dentro de Estados Unidos se han cometido acciones contra intereses cubanos. El 5 de junio de 1976 la Misión de Cuba ante la ONU fue objeto de un atentado con explosivos; en marzo de 1980 se colocó una bomba en el automóvil del Representante Permanente de Cuba ante la ONU, en Nueva York, y en septiembre de 1980 fue asesinado el diplomática Félix García, integrante de la representación cubana ante Naciones Unidas.

A partir de 1992 fue la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA) quien asumió la organización de las acciones terroristas contra Cuba, fundamentalmente contra instalaciones turísticas. En 1997, mercenarios de la Fundación hicieron estallar siete bombas en instalaciones hoteleras.

A los periodistas se les debe exigir que tengan una mínima honestidad profesional y analicen los hechos con objetividad. Lo que no es admisible es que en España la prensa niegue la condición de presos políticos a los militantes de ETA, con el argumento de que están condenados por delitos terroristas, y se conceda el estatuto de presos de conciencia a mercenarios que se dedican a colocar bombas en aviones y hoteles. Y tampoco es de recibo que la Comunidad de Madrid, presidida por Esperanza Aguirre conceda cuantiosas subvenciones a la Fundación Hispano-Cubana, creada en 1996 y a la que se relaciona directamente con la FNCA, responsable, como ya hemos visto, de criminales atentados contra Cuba.

12/10/10

Tambores de guerra, lenguaje de paz

Efrén

La capacidad de manipulación, tergiversación, falsificación y disimulo de las clases dominantes españolas no tiene límite. De la misma forma que en una camaleónica operación política pasaron de fascistas a demócratas de toda la vida, también son capaces de atribuir la actual crisis capitalista al conjunto de los trabajadores, que hemos vivido muchos años por encima de nuestras posibilidades, gastamos demasiado en medicinas y además tenemos la osadía de alcanzar una alta esperanza de vida y aspiramos a cobrar una pensión. Con la cobertura de la inmensa mayoría de medios de comunicación, el mensaje de la burguesía termina calando en amplios sectores de la sociedad española, dividiendo y enfrentando a la clase obrera --españoles contra inmigrantes, trabajadores precarios contra los fijos, asalariados de la empresa privada contra los funcionarios--, mientras la banca sigue acumulando inmensos beneficios y el llamado Estado del Bienestar desaparece.

La perversión del lenguaje es total. Ya no hay despidos, sino regulaciones de plantilla; la extracción de plusvalía ha dejado paso a las ganancias de productividad; el empleo temporal crea trabajo estable y cobrar menos impuestos a las grandes fortunas es de izquierdas. Este enmascaramiento de la realidad abarca todos los aspectos de la vida social y, naturalmente, alcanza también al Ejército. Desde los años de la Transición hasta hoy, hemos asistido a una operación de maquillaje y embellecimiento de las Fuerzas Armadas que ha pretendido borrar su negro pasado y camuflar la usurpación de la soberanía nacional que ejercen en la actual monarquía juancarlista.

A lo largo de los siglos XIX y XX el Ejército español ha sido una institución diseñada y organizada esencialmente para mantener el orden social, político y económico; es decir, un Ejército gendarme cuya misión era aplastar las protestas obreras. Los trabajadores españoles han sufrido en su propia carne la represión salvaje de unos militares cuyas únicos triunfos los conseguían masacrando a obreros y campesinos. Derrotados y humillados en Cuba (1890) y en la guerra de Marruecos (1909 y 1921), los prepotentes, incultos y violentos militares españoles sólo fueron capaces de vencer en la guerra civil que libraron contra su propio pueblo entre 1931 y 1936. Triste mérito el de una victoria que sólo pudieron obtener gracias a la ayuda de Hitler y Mussolini y al precio de asesinar a más de 200.000 republicanos juzgados en la farsa siniestra de los ilegales Consejos de Guerra.

Pronunciamientos, golpes de estado, aplicación de la jurisdicción militar a los civiles y privilegios de todo tipo (viviendas, residencias, hospitales) forman parte de la trayectoria histórica de una casta parasitaria a la que la monarquía española siempre ha mimado y protegido, consciente de que esos mílicos, incapaces de derrotar a un enemigo extranjero, eran la salvaguarda del trono. Hasta la reforma militar de Azaña, el Ejército rechazó con éxito cualquier modificación de sus estructuras arcaicas. Planes de estudio desfasados, tecnología obsoleta, inflación de oficiales y un sistema de reclutamiento odiosos e injusto (hasta 1912 se mantuvo la redención en metálico, que hacia posible librase del servicio militar o de ir a la guerra pagando una determinada cantidad de dinero al Estado), convirtieron al Ejército en una institución ineficaz para una guerra moderna, enormemente costosa y extremadamente peligrosa para la población civil. Con honrosas excepciones, el oficial español ha sido paleto, machista, reaccionario, cruel e incompetente.

Convertido en uno de los pilares del régimen fascista de Franco, no es de extrañar que a la altura de 1975 una gran parte de la sociedad española fuese hostil al Ejército, de la misma manera que lo era hacia un monarca impuesto por el dictador. Se hizo necesaria una rápida labor cosmética para lavar la imagen de las Fuerzas Armadas y presentarlas en sociedad con un talante europeo y democrático. La tarea no era fácil porque esos militares ultramontanos y soeces se empeñaban en amargar la fiesta a los políticos de la transición con conspiraciones e intentonas golpistas, y así no había manera de que la ciudadanía dejase de recelar de los uniformados, abandonase su antimilitarismo y aceptara que, tras la entrada en la OTAN, las tropas españolas interviniesen en operaciones bélicas al servicio de la estrategia imperialista de Estados Unidos.

Las lumbreras del Ministerio de Defensa se pusieron manos a la obra y, tras varias de esas sesiones que los psicopedagogos denominan tormenta de ideas, encontraron la fórmula genial, el remedio infalible que convertiría a los militares en personas de bien, reconocidas y admiradas por el conjunto de la ciudadanía. El Ejército no actúa en misiones de guerra, participa en ¡¡¡ MISIONES DE PAZ!!! Aquellos legionarios que había violado y asesinado en masa en Badajoz en 1936 se transmutarían en solidarios miembros de una ONG que llevaría la paz y la democracia a Bosnia, Irak y Afganistán.

Desde 1989 los soldados españoles han intervenido en medio centenar de operaciones que han costado 7.000 millones de euros y 162 bajas. ¿Cómo es posible que hombres y mujeres que van a sembrar el bien, construir hospitales y escuelas sean atacados y muertos por las poblaciones locales, se preguntan los ciudadanos de a pie? Nuestros políticos también tienen la respuesta precisa. Esas muertes son ocasionadas por peligrosos y fanáticos terroristas, empeñados en destruir la civilización occidental, enemigos de la democracia y el progreso. En resumen: las tropas españolas no participan en guerras de agresión, no son cómplices de las matanzas de civiles ni de las torturas a que son sometidos los prisioneros de guerra, y llevan armas sólo para repeler los ataques de unos individuos desagradecidos y malvados. Los soldados no mueren en acciones de guerra libradas por guerrillas que combaten por la independencia nacional, sino que son vilmente asesinados por bandas terroristas, y por ello deben recibir honores militares, condecoraciones a título póstumo y sus viudas cobrar generosas pensiones sin necesidad de cumplir los engorrosos requisitos de la Seguridad Social . Y ahora que lo pienso, ¿no tendríamos que revisar nuestra Guerra de la Independencia? Agustina de Aragón, ¿fue de verdad una heroína o integrante de una pérfida partida de talibanes maños?

Tanta labor humanitaria bien merece el reconocimiento de nuestros gobernantes y, por esa razón, los gloriosos guerreros que pasean la enseña nacional por medio mundo han sido obsequiados este año con unas largas vacaciones en las playas de Haití, con todos los gastos pagados. Por el módico precio de 18 millones de euros nuestros esforzados centuriones han repuesto fuerzas en el Caribe y ya están listos para acompañar de nuevo a los marines estadounidenses en su campaña universal contra el MAL.

4/10/10

Anotaciones literarias

Tras el parón que el verano nos obliga a realizar todos los años, volvemos a retomar nuestros contenidos con un poco de diversificación en el formato: esta vez, una reseña literaria a cargo del profesor Carlos Hermida, sobre el libro titulado 'La mirada televisiva. Ficción y representación histórica en España', de Carlota Coronado y José Carlos Rueda.


En su política de genocidio y exterminio, la dictadura franquista llevó a cabo una operación de destrucción sistemática de la ciencia y la cultura españolas, contaminadas, según los ideólogos del régimen, por los gérmenes del liberalismo, la democracia y el marxismo. La brillante generación intelectual de la II República fue objeto de una represión tan intensa y despiadada que no es una exageración afirmar que, durante los primeros veinte años del nuevo régimen, España se convirtió en un desierto cultural, un erial en el que a duras penas florecieron algunos brotes literarios.

En esa política de erradicación de “las malas hierbas” que perpetró el fascismo, la Historia no podía quedar al margen de los nuevos designios. El exilio y las depuraciones laminaron la escuela historiográfica forjada en el Centro de Estudios Históricos (1910-1939), y en los planes educativos del franquismo el estudio de la Historia quedó definido de acuerdo a los parámetros ideológicos que sustentaban la dictadura: nacionalismo, catolicismo, retórica imperial, anticomunismo visceral y antiliberalismo. El resultado no pudo ser más nefasto. Algunos períodos históricos como la Reconquista o la monarquía de los Austrias eran objeto de especial atención y de exaltación patriótica, mientras que el siglo XIX, que, en opinión de Franco, “hubiéramos querido borrar de la historia de España”, fue relegado al olvido durante años; en cuanto al primer tercio del siglo XX, constituía una especie de museo de los horrores hasta que la providencial figura del Caudillo salvó a España, redimiéndola y evitando su desaparición como nación.

Aunque el tenaz esfuerzo de historiadores como Jaume Vicens, Josep Fontana o Jordi Nadal comenzó a cambiar el panorama durante los años sesenta del pasado siglo, es evidente que los españoles sufrieron un severo ayuno historiográfico hasta 1975. Las principales obras sobre la II República y la Guerra Civil, escritas por historiadores anglosajones, estaban prohibidas y la férrea censura impedía la publicación de cualquier libro que cuestionase la versión oficial del régimen.

No es de extrañar, por tanto, que la muerte de Franco, la desaparición de las formas más groseras de censura y la instauración de la monarquía parlamentaria tuviesen como consecuencia una eclosión de los estudios históricos referidos fundamentalmente a los años de la República, la Guerra y la dictadura franquista. A los libros clásicos de Gabriel Jackson, Hugh Thomas o Gerald Brenan, se unieron los trabajos de una nueva generación de historiadores españoles dotados con novedosas herramientas metodológicas y una sólida formación académica. Durante los años de la Transición (1975-1978) y la década de los ochenta hubo un creciente interés por la Historia Contemporánea de España, por conocer aspectos que hasta esos momentos habían sido tabú, como la represión franquista. Curiosamente, esa demanda de conocimiento y la creciente oferta de libros, se producía a contracorriente de lo que eran las posiciones institucionales. Porque la denominada Transición democrática había consistido en un juego de consensos y acuerdos, a los que se prestó vergonzosamente la llamada oposición de izquierdas, entre los que figuraba un pacto de olvido, una especie de amnesia histórica programada para no sacar a la luz aspectos incómodos para la clase política franquista reconvertida aceleradamente a la democracia.


A este florecimiento de la historia no podía ser ajeno un medio de comunicación de masas tan influyente como la televisión. Atentos siempre a las novedades bibliográficas y a las revistas especializadas, los historiadores olvidamos en ocasiones que la difusión de la Historia se realiza también en soportes no escritos. Es cierto que en las aulas de Institutos y Universidades se utiliza frecuentemente material audiovisual como medio didáctico de aprendizaje, pero no son frecuentes los libros que analicen en profundidad la relación entre historia y medios de comunicación audiovisuales. Afortunadamente para los historiadores en general, y para los historiadores de la Comunicación Social en particular, Carlos Rueda Laffond y Carlota Coronado, profesores del Departamento de Historia de la Comunicación Social de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, han publicado recientemente un magnífico libro en el que abordan la relación entre relato televisivo e historia. La mirada televisiva. Ficción y representación histórica en España aborda de forma sistemática, desde el punto de vista de la comunicación social, la representación de la historia de España que se ha ofrecido desde mediados de los años sesenta del siglo XX hasta el año 2009, tanto en documentales como en series de ficción.

Estructurado en cinco capítulos, los autores hacen en primer lugar un recorrido cronológico por la “memoria y gestión televisiva de la historia”, señalando pormenorizadamente períodos, temas y series. De este ámbito general se pasa al análisis minucioso que la mirada televisiva ha realizado sobre dos temas: el intento golpista del 23 F y el fenómeno terrorista.

Al igual que el franquismo tuvo sus historiadores oficiales y su historia canónica, la peculiar democracia española ha generado igualmente una corriente historiográfica que ha difundido una visión idílica de la Transición --“modélica, democrática y pacífica”-- en la que el Rey aparece como el artífice de la democracia y su salvador frente a los golpistas del 23 de febrero de 1981. La televisión ha colaborado de forma fundamental a fabricar esta imagen de Juan Carlos I. En los documentales, pero especialmente en las series de ficción -- El día más difícil del Rey e Historia de una traición --, hay un empeño en presentar la imagen del monarca como el héroe que desarticula la intentona golpista. En este sentido, la televisión pública, pero también los canales privados, fabrican literalmente la historia mediante la construcción de un mito alejado de la objetividad histórica.

En el capítulo titulado “Los enemigos de la democracia. Terrorismo y televisión”, los autores pasan revista a la reconstrucción televisiva de los atentados del 11 de marzo de 2004 y de las acciones de ETA, en especial el asesinato de Miguel Ángel Blanco. En el tratamiento informativo de estos temas se aprecia la enorme carga de manipulación informativa y tergiversación política que transmiten los programas realizados por Telemadrid sobre los trágicos sucesos del 11-M. Aunque sin llegar a estas cotas de falsificación histórica, la ficción televisiva sobre ETA no ha pretendido nunca investigar las raíces de la violencia en el País Vasco, sino crear un clima emocional contra el terrorismo.

Sobre la base de un visionado exhaustivo de series y documentales y un amplio soporte bibliográfico, hay dos cuestiones que recorren el libro de José Carlos Rueda y Carlota Coronado: la construcción social de un imaginario colectivo y la gestión política de la memoria. Lo que se deduce de las muchas series analizadas es que la televisión no pretende explicar el pasado en términos científicos, sino transmitir unas claves para crear un consenso social sobre ciertos temas. La facilidad de transmisión de un mensaje a través de la imagen, frente a la mayor dificultad de comprensión de ese mismo mensaje transmitido en forma escrita, convierte a la televisión en un medio ideal de invención del pasado.

No obstante, las conclusiones del libro, a la luz de la técnica cualitativa del grupo de discusión, indican que ese propósito tiene serias limitaciones y choca con resistencias. Con el objetivo de estudiar cuáles eran los rasgos de comprensión dominantes ante el visionado de la ficción 20-N. los últimos días de Franco, los autores formaron dos grupos de discusión. Uno integrado por siete estudiantes de Periodismo de la Facultad de Ciencias de la Información de la UCM, con edades comprendidas entre los 20 y 23 años; y otro de ocho participantes con edades entre los 57 y 71 años, alumnos de la Universidad para Mayores de la UCM. Curiosamente, mientras la figura de Franco era objeto de opiniones encontradas, los dos grupos coincidían en que la figura de Juan Carlos I en el telefilm no era creíble y se apreciaba con claridad que se trataba de dar una imagen positiva de la monarquía.

Este libro es, sin duda, una aportación fundamental en ese debate sobre la memoria histórica y reconstrucción del pasado que trasciende la polémica entre historiadores e implica a una parte considerable de la sociedad española. Como en anteriores trabajos, los autores han demostrado un rigor intelectual y científico que contrasta con las trivialidades, refritos y manuales indigestos de obligada lectura para estudiantes que sin pudor alguno publican algunos miembros de la comunidad académica y universitaria, más interesados en los derechos de autor que en la investigación científica.

22/5/10

La indecencia se mide en...

Me gustaría transmitir a todos los ESPAÑOLES lo que en estos tiempos de penuria general para todas las economía, yo considero indecente.

· Indecente, es que el salario mínimo de un trabajador/a sea de 624 ¤/mes y el de un "Sr./Sra." diputad@ 3.996 ¤/mes, pudiendo llegar con dietas y otras prebendas a los 6.500 ¤/mes;

· Indecente, es que un Sr./Sra. catedrátic@ de universidad o un Sr./Sra. cirujan@ de la sanidad pública ganen menos que un concejal de festejos en un ayuntamiento de tercera;

· Indecente, es que los polític@s se suban sus retribuciones en el porcentaje que les apetezca, (siempre claro está, por unanimidad, por supuesto y al inicio de cada legislatura);

· Indecente, es comparar la jubilación de un diputad@ con la de una viuda;

· Indecente, es que un ciudadano tenga que cotizar 35 años para percibir una jubilación y a los "Srs./Sras.." diputad@s les baste con "SOLO" siete añosy los miembros del gobierno, para cobrar la pensión máxima necesiten solo jurar el cargo;

· Indecente, es que los diputad@s sean los únicos "trabajadores" (¿?) de este país que están exentos de tributar un tercio de su sueldo del &nb sp;IRPF;

· Indecente, es que a un polític@ no se le exija superar una mínima prueba de capacidad para ejercer un cargo (y no digamos intelectual o cultural);
· Indecente, es el coste que representa para los demás ci udadanos españoles, sus comidas, sus coches oficiales, sus chóferes, sus viajes (siempre en gran clase) y sus tarjetas de crédito por doquier;

· Indecente, es que sus señorías cuando cesan en sus cargos, tengan un colchón del 80% del sueldo durante 18 meses;

· Indecente, es que ex-ministros, ex-secretarios de estado y ex-altos cargos de la política cuando cesan son los únicos ciudadanos de este país que pueden legalmente percibir dos salarios del erario público;

· Indecente, es que se utilice a los medios de comunicación para transmitir a la sociedad que los funcionarios solo representan un coste para el bolsillo de los ciudadanos.

· Indecente, es que nos oculten sus privilegios y prebendas(sustantivo femenino que significa ganga, inmunidad, sinecura, poltrona, enchufe, momio, chollo, bicoca, etc., etc.,) mientras vuelven a la sociedad contra quienes de verdad les sirven.

· INDECENTE, ES QUE SIEMPRE SE ARREGLE ESPAÑA y sus presupuestos, CON EL SUELDO DE LOS FUNCIONARIOS!

¡INDECENTES! ¡¡INDECENTES!! ¡¡¡INDECENTES!!!

Y como muestra, un botón. Veamos un ejemplo simple y sencillo, para comparar a un polític.... con un funcionari@ o un jubilad@.

Top Ten DE ESPAÑA 10 políticos. A PELO Y SIN DIETAS (QUE TAMBIEN PUEDEN VIVIR DE ELLAS)

1. Presidente de la Generalitat de Cataluña, José Montilla 164.043,54 euros
2. Presidente de la Diputación de Barcelona, Celestino Corbacho 144. 200 euros
3. Alcalde de Barcelona, Jordi Hereu 117.398 euros
4. Presidente de la Diputación de Lleida, Jaume Gilabert 108.220 euros
5. Alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón 100.743 euros
6. Presidente País Vasco, Juan José Ibarretxe 99.574 euros
7. Presidente de la Diputación de Vizcaya, José Luis Bilbao 99.540 euros
8. Presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre 98.700 euros
9. Presidente de la Diputación de Girona, Enric Vilert 98.000 euros
10. Presidente de la Diputación de Palencia, Enrique Martín 97.339 euros

ALCALDES MEJOR PAGADOS DEL PAIS

1..- Barcelona : Jordi Hereu 117.398 euros
2.- Madrid - Alberto Ruiz Gallardón 100.743 euros
3. Bilbao - Iñaki Azcuna 92.873 euros
4. Zaragoza - Juan alberto Belloch 92.414 euros
5. Valladolid - Francico Javier León de la Riva 91.000 euros
6. Valencia - Ritá Barberá 90.296 euros
7 .Castellón - Alberto Fabra 88.000 euros
8. Vitoria - Patxi Lazcoz 85.570 euros
9. Oviedo - Gabino de Lorenzo 84..588 euros
10. Tenerife - Miguel Zerolo 84.445 euros
11. San Seba stián - Odón Elorza 82.091 euros
12. Huelva - Pedro Rodríguez 81.014 euros
13. Lleida - Ángel Ros 80..645 euros
14. Málaga - Francisco de la Torre 77.678 euros
15. Badajoz - Miguel Ángel Celdrán 73.500 euros
16. Santander - Iñigo de la Serna 72.416 euros
17. Alicante - Luis Diaz Alpieri 72.000 euros
18. Murcia - Miguel Ángel Cámara 72.000 euros
19.Ourense - Francisco Rodríguez 72.000 euros
20. Almería - Luis R. Rodríguez Comendador 71.005 euros
21. Salamanca - Julián Lanzarote 70.872 euros
22. Las Palmas - Jerónimo Saavedra 68.148 euros
23. Cuenca - Francisco Javier Pulido 68.000 euros
24. A Coruña - Javier Losada 66.942 euros
25. Burgos - Juan Carlos Aparicio 66.942 euros
26. Cádiz - Teofila Martínez 66.942 euros
27. Guadalajara - Antonio Román 66.492 euros
28. Ciudad Real - Rosa Romero 66.476 euros
29. Granada - José Torres 65.977 euros
30. Zamora - Rosa Baldeón 64.950 euros
31. Sevilla - Alfredo Sánchez Monteseirín 64.450 euros
32. Albacete - Manuel Pérez 63.434 euros
33. Córdoba - Rosa Aguilar 6 3.260 euros
34. León - Francisco Fernández 63.206 euros
35. Lugo - José López Orozco 63.000 euros
36. Palma de Mallorca - Aina Calvo 62.356 euros
37. Pamplona - Yolanda Barcina 61.982 euros
38. Girona - Anna Pagans 60.924 euros
39..Segovia - Pedro Arahuetes 60. 824 euros
40. Toledo - Emiliano García 60.389 euros
41. Cáceres - María Carmen Heras 60.200 euros
42. Pontevedra - Miguel Ángel Fernández 60.000 euros
43. Soria - Carlos Martínez 60.000 euros
44. Jaén - Carmen Purificación Peñalver 59.044 euros
45. Logroño - Tomás Santos 58.000 euros
46. Ávila - Miguel Ángel García 58.000 euros
47.. NAVALMORAL DE LA MATA - RAFAEL MATEO YUSTE 48.688 euros
48. Teruel - Miguel Ferrer 47.000 euros
49.Palencia - H eliodoro Gallego 45.057 euros
50. Tarragona - Joseph Félix Ballesteros 33.264 euros

Presidentes de comunidades autónomas (salario anual)

1. José Montilla - Cataluña 164.043,54 euros
2.-. Juan José Ibarretxe - País Vasco 99.574 euros
3. Esperanza Aguirre - Madrid 98..700 euros
4. Marcelino Iglesias - Aragón 87.000 euros
5. Emilio Pérez Touriño - Galicia 83.374 euros
6. Paulino Rivero - Canarias 79.963 euros
7. Manuel Chaves - Andalucía 78.791 euros
8. Juan Vicente Herrera- Castilla y León 78.791 euros
9. José María Barreda - Castilla La-Mancha 78.791 euros
10. José Luis Valcárcel - Murcia 78.791 euros
11. Miguel Sanz - Navarra 78.227,94 euros
12. Francisco Camps - C. Valenciana 77.988,24 euros
13. Francesc Antich - Baleares 70..657,86 euros
14. Miguel Ángel Revilla - Cantabria 68.666 euros
15. Vicente álvarez Areces - Asturias 68.002 euros
16. Pedro Sanz - La Rioja 63.376,32 euros
17.. Guillermo Fernández Vara - Extremadura 54.244,56 euros

Presidente de las diputaciones provinciales (salario anual)

1. Barcelona - Celestino Corbacho 144.200 euros
2. Lleida - Jaume Gilabert 108.220 euros
3. Vizcaya - José Luis Bilbao 99.540 euros
4. Girona - Enric Vilert 98.000 euros
5. Palencia - Enrique Martín 97.339 euros
6.. Álava - Xabier Aguirre 92.596 euros
7. Castellón - Carlos Fabra 92.400 euros
8. Tarragona - Josep Poblet 92.000 euros
9. Málaga - Salvador Pendón 89.000 euros
10. Teruel - Antonio Ar rufat 85.000 euros
11. Ávila - Agustín González 83. 521 euros
12. Toledo - José Manuel Tofiño 82.908 euros
13. Gran Canaria - José Miguel Pérez 81.538 euros
14. León - Isabel Carrasco 80.920 euros
15.. Almería - Juan Carlos Usero 79.660 euros
16. Zaragoza - Javier Lambán 78.000 euros
17. Valencia - Alfonso Rus 77.988 euros
18. Pontevedra - Rafael Louzán 77.988 euros
19. Coruña - Jesús Salvador Fernández 77.988 euros
20. Salamanca - Isabel Jiménez 77. 591 euros
21. Tenerife - Ricardo Melchior 76.968 euros
22. Cádiz - Francisco González 76.000 euros
23. Lanzarote - Manuela Armas 75.995 euros
24. Ciudad Real - Nemesio De Lara 72.991 euros
25. Segovia - Javier Santamaría 72.568 euros
26. Ourense - José Luis Baltar 72.408 euros
27. Alicante - José Joaquín Ripoll 72.061 euros
28. Valladolid - Ramiro F. Ruiz 70.000 euros
29. Fuer teventura - Mario Cabrera 69.566 euros
30. Albacete - Pedro Antonio Ruiz 68.600 euros
31. Cáceres - Juan Andrés Tovar 68.236 euros
32. Badajoz - Valentín Cortés 68.236 euros
33. Cuenca - Juan Manuel Ávila 68.002 euros
34. Mallorca - Francina Armengol 68.000 euros
35. Huelva - Petronila Guerrero 67.490 euros
36. Ibiza - Xico Tarrés 66.000 euros
37.Jaén - Felipe López 66.000 euros
38. Soria - Efrén Martínez 63.639 euros
39. Menorca - Joana Barceló 63.100 euros
40.Granada - Antonio Martínez 62.493 euros
41. Zamora - Fernando Martínez 61.734 euros
42. Córdoba - Francisco Pulido 61.336 euros
43. Burgos - Vicente Orden 59. 990 euros
44. Guadalajara - María Antonia Pérez 59.336 euros
45. Sevilla - Fernando Rodríguez 51.936 euros


Saquen sus propias conclusiones...

(Gracias a Betxu, por hacernos llegar este correo)

5/5/10

Tesis sobre la Segunda República

I. La II República española fue el resultado de una alianza de sectores de las clases medias y de la pequeña y mediana burguesía con amplios segmentos de la clase obrera. Esta alianza táctica, plasmada en el Pacto de San Sebastián (agosto de 1930) se inscribe en una crisis de hegemonía del bloque de poder combinada con una crisis del sistema de dominación implantado a partir de la restauración monárquica de 1875.

El incremento numérico de la clase obrera, su fortalecimiento organizativo y su creciente conciencia de clase amenazaron a partir de 1900 las bases del orden económico, social y político impuesto por la oligarquía agraria tras el derrocamiento de la Primera República. Por otra parte, el proceso de acumulación capitalista que se desarrolla en España como consecuencia de la neutralidad del país en la Primera Guerra Mundial originó fuertes tensiones en el bloque de poder, derivadas del creciente poder económico de la burguesía financiera e industrial. El propio enfrentamiento de las clases dominantes impidió la implantación de un nuevo sistema de dominación capaz de desactivar el potencial revolucionario del proletariado. El fracaso de la Dictadura de Primo de Rivera refleja las contradicciones de la burguesía española a la hora de establecer un modelo político que reubicase a los trabajadores en el marco del sistema capitalista.

Esta situación permitió maniobrar a las clases dominadas hasta forjar la conjunción republicano-socialista que venció en las elecciones del 12 de abril de 1931 y permitió la proclamación de la República el 14 de abril.


II. La II República no fue en momento alguno un régimen revolucionario. Representó un proyecto reformista de modernización cuyo objetivo era remover los obstáculos que impedían el acercamiento de España a los principales países de Europa occidental. Las reformas que llevó a cabo el gobierno presidido por Manuel Azaña entre 1931 y 1933 --reforma militar, eclesiástica, agraria, educativa y reforma del estado centralista-- no pretendieron en ningún momento sobrepasar los límites del capitalismo. Sin embargo, el fracaso de algunas de ellas, en especial la reforma agraria, originó serios enfrentamientos entre republicanos de izquierda y socialistas, frustrando temporalmente la alianza que había desplazado del poder a la gran burguesía Además, la implacable hostilidad del anarquismo hacia la República impidió la estabilidad del régimen.

III. Desalojada parcialmente de los centros de poder, la burguesía mantuvo fuertes posiciones en el aparato del Estado y consiguió en poco tiempo construir una fuerza política con capacidad para recuperar el gobierno. Ese instrumento político fue la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), liderada por Gil Robles, cuyo objetivo era destruir el régimen republicano desde dentro, mediante una victoria electoral. No obstante, las contradicciones entre las fracciones de burguesía seguían presentes. Frente a la vía electoralista de la CEDA, otros sectores se inclinaban abiertamente por la vía golpista, opción que tomo forma en la intentona de Sanjurjo en agosto de 1932.

IV. La revolución de Octubre de 1934 fue una reacción defensiva del proletariado frente a la victoria de la CEDA en las elecciones de 1933 y su entrada en el gobierno en octubre de 1934. Mal planteada y pésimamente organizada --Largo Caballero estaba a años luz de ser el “Lenin español”--, la insurrección obrera debe ser entendida en el contexto europeo y español del momento. La CEDA no se declaraba republicana y su discurso político estaba en sintonía con el fascismo.

Por otra parte, la experiencia alemana estaba muy presente en los obreros españoles. Hitler había llegado al poder en enero de 1933, tras vencer en las elecciones, y en seis meses había destruido la República de Weimar e implantado una dictadura nacional-socialista. ¿Debía el proletariado español dejarse aplastar por quienes afirmaban que la democracia sólo era un medio y no un fin, y que estaban dispuestos a suprimir el parlamento si no se sometía? Acusar a los socialistas de romper el juego democrático es ignorar interesadamente que la CEDA no aceptaba la democracia.


V. El Frente Popular fue la renovada concreción política del proyecto reformista de 1931, ampliado con la participación de los comunistas. El programa frentepopulista no suponía ningún desbordamiento revolucionario, sino la reactivación de las reformas del primer bienio, con una sustancial alteración de la estructura de la propiedad sobre la base de la desaparición de los latifundios. La aplicación íntegra de ese programa habría consolidado una República democrática y popular articulada sobre un nuevo bloque de poder integrado básicamente por la clase obrera y la pequeña burguesía, desplazando definitivamente al bloque social de terratenientes, burguesía financiera y burguesía industrial.


VI. El golpe militar de julio de 1936 fue el instrumento que utilizó la oligarquía española para cerrar la crisis de dominación que se había abierto desde comienzos del siglo XX. Mediante la guerra y la posterior dictadura fascista, las organizaciones obreras fueron destruidas y la clase obrera quedó sometida mediante el terror y el encuadramiento obligatorio en el sindicato vertical. Discutir sobre el carácter de la insurrección militar señalando las diferencias políticas entre monárquicos, carlistas y falangistas es perder de vista el elemento medular de la rebelión: la liquidación completa y sistemática de las estructuras organizativas del proletariado. La función histórica del fascismo se reviste en España de uniformes militares y sotanas.

VII. Las justificaciones de la rebelión militar, puestas de nuevo en circulación por los voceros y panfletistas del Partido Popular no resisten un análisis científico. En la primavera de 1936 no existía caos ni anarquía, aunque los terroristas de Falange intentaban con sus atentados crear un clima de violencia y miedo. El golpe de estado se produjo en el mes en que hubo menos víctimas mortales por atentados y enfrentamientos con la policía.

El manido argumento de la inminente revolución comunista es una patraña patética. A la altura de 1936, los comunistas de todo el mundo defendían la democracia parlamentaria frente al peligro fascista y la consigna de revolución socialista había pasado a segundo plano. Las formación de alianzas antifascistas constituía la tarea política prioritaria de los comunistas.

En cuanto al atentado que costó la vida a Calvo Sotelo y que la derecha sigue exhibiendo como prueba definitiva de que España se despeñaba por un abismo de desorden e inseguridad, será suficiente con recordar que este individuo hacia llamamientos continuos al ejército para que destruyese la República. Era un conspirador, un golpista, un provocador, y la responsabilidad de su muerte recae sobre él mismo.


¿Quieres saber más? consulta éste y más articulos del profesor Hermida, así como de otros miembros del movimiento republicano en el boletín oficial de la Plataforma de Ciudadanos por la República

21/4/10

Actos por toda España conmemoran el 14 de abril

Segovia, 17 de abril 2010

Organizadas por el Colectivo Republicano “Antonio Machado”, CC.OO.,  IU, PCE, Plataforma de Ciudadanos por la República y UJCE tuvieron lugar las Jornadas Republicanas bajo los lemas: “Reforma laboral para la Familia Real”, “Por la III República”.

A pesar de la lluvia, unas 150 personas se manifestaron por las calles de Segovia hasta la Plaza Mayor, que hizo un alto en el camino a la altura de la Placa-homenaje a los represaliados segovianos por el franquismo condenándose el proceso contra Garzón pero también la Ley de Amnistía del 77 y la Transición “que no fue ni modélica, ni democrática, ni pacífica, en la que murieron de 1975 a 1981 más de 100 personas a manos de la policía o de las hordas fascistas; una Transición que parió al Régimen que padecemos. No podemos hacer mejor homenaje que continuar su lucha. A por la Tercera”. Un “¡Viva la República!” fue coreado por todos los asistentes que puño en alto acompañaron la melodía del Himno de Riego entonada por un clarinete.

Una vez en la Plaza Mayor se leyó un comunicado en que se denuncia la gestión de la crisis por el Gobierno de Zapatero y por el Estado a favor de los mismos que la han traído y en contra de las clases populares. Se proponía trabajar por un programa social y político que atendiera a las necesidades de las personas y distribuyese la riqueza, programa que exigía superar la monarquía y construir la III República.
Las Jornadas concluyeron con una fiesta tricolor en el bar Delicatessen.

En Cuellar (Segovia) la exposición “La II República, esperanza de un pueblo” se pudo ver del 8 al 18 de abril. El día 9 tuvo lugar la charla “El derecho a la rememoración de las víctimas” a cargo del catedrático de Historia, Marcelino Flórez Miguel, y el día 16 la charla “La II República en Cuellar” a cargo del compañero e historiador Santiago Vega.





17/4/10

Síntomas inquietantes

 Carlos Hermida
 
 
 
El diario EL PAÍS, en su número del día 2 de abril, publicaba un artículo del escritor Juan Goytisolo titulado “¡Viva la democracia corporativista!, en el que el renombrado novelista se mostraba perplejo por  la escasa respuesta ciudadana ante los gravísimos casos de corrupción protagonizados por políticos del Partido Popular o la querella interpuesta por Falange Española contra el juez Garzón, y mostraba su preocupación ante la perspectiva de una victoria de los populares en las próximas elecciones generales, quienes implantarían en España el modelo político clientelar y caciquil  de la Italia de Berlusconi. Aunque compartimos la inquietud del autor de “Juan sin Tierra”, consideramos que sus planteamientos describen sólo los síntomas, pero no la causa de la enfermedad.

    Si la corrupción en nuestro país se ha convertido en un elemento estructural del sistema político, y no en algo excepcional como afirman desvergonzadamente los dirigentes del Partido Popular, enfangados por la red Gurtel y el caso Matas; si un juez es capaz de admitir a trámite una querella de la organización fascista Falange Española contra el juez Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo; si los partidos de la izquierda abertzale son sistemáticamente prohibidos; si los poderes públicos ignoran los informes de Amnistía Internacional sobre la tortura en España; si el sistema parlamentario es solamente una fachada que encubre realidades siniestras, todo ello tiene una explicación política que nos remite al período histórico de la  Transición (1975-1978).

    Fue en aquellos años donde se incubó el huevo de la serpiente. El vergonzoso pacto al que llegaron el PSOE y el PCE con las fuerzas franquistas impidió una verdadera ruptura democrática y permitió la continuidad del aparato de estado franquista con la monarquía a la cabeza. Al renunciar a la República, al permitir que los protagonistas de la represión de la dictadura -- policías torturadores,  jueces del Tribunal de Orden Público y  militares-- continuaran en sus puestos, incluso ascendiendo en el escalafón profesional, al dar su bendición a la Constitución antidemocrática de 1978, la izquierda oficial  se hizo cómplice de una maniobra política mediante la cual la dictadura fascista conservó sus elementos estructurales encubiertos por un decorado formalmente democrático.

    La corrupción franquista ha vuelto a  aflorar, sin solución de continuidad, en el sistema parlamentario porque nunca ha existido la voluntad de perseguirla ni combatirla. Las corruptelas urbanísticas que han destruido nuestras costas, la malversación de caudales públicos, el cohecho, todas las prácticas delictivas que hoy saltan a las primeras páginas de los periódicos, no son otra cosa que la continuación de los turbios negocios de la dictadura. Y la querella contra Garzón es el fruto de la Ley de Amnistía que dejó en la impunidad a los asesinos franquistas, del pacto de silencio que permitió mantener cerrados durante decenios los archivos que albergan documentación sobre la represión,  de la ignominia legal que ha imposibilitado exhumar las fosas comunes en las que están enterrados decenas de miles de republicanos, de la amnesia histórica programada y planificada para que los ciudadanos aceptaran todas estas iniquidades sin protestar.

    ¿Por qué siguen siendo legales los partidos fascistas en España cuando en sus páginas web se exalta el racismo, se lanzan proclamas contra el sistema democrático, se glorifica a Hitler, y muchos de sus afiliados han cometido asesinatos? ¿Por qué no se persigue el fraude fiscal? ¿Por qué no se considera terrorismo los accidentes laborales con resultado de muerte cuando la causa es el incumplimiento de las medidas de seguridad por parte de los empresarios? ¿Por qué se ha establecido una férrea censura en torno a todas las actividades del Rey y sus negocios? ¿Por qué el gobierno financia generosamente a la Iglesia Católica si estamos en un estado teóricamente no confesional? ¿Por qué se permite el desmantelamiento de la enseñanza y la sanidad públicas?

    Demasiadas preguntas y una sola respuesta. No vivimos en un sistema democrático ni parlamentario, sino en un sistema bipartidista parecido al  diseñado por Cánovas del Castillo en 1875, al comenzar la restauración monárquica. Allí era la monarquía alfonsina el fundamento del tinglado oligárquico y caciquil que en su momento denunciara Joaquín Costa, y aquí y ahora es la monarquía juancarlista impuesta por Franco, un asesino de masas, la pieza maestra del modelo político.

    Se asombra Goytisolo de la pasividad ciudadana, y tiene razón. Hay apatía y desinterés, pero ha sido inducida por los partidos mayoritarios, que han visto en la desmovilización ciudadana la mejor baza para cometer impunemente sus trapacerías. Desde los medios de comunicación, y en especial desde las televisiones, se ha fomentado el individualismo y la insolidaridad, difundiendo mensajes reaccionarios a través de una programación demencial que coloca en las horas punta los llamados “programas del corazón”. Pero también ha influido notablemente la falta de una alternativa política clara. Izquierda Unida tiene en este sentido una responsabilidad enorme porque ha sido incapaz de constituirse en referente de la izquierda  real; incapaz de dotarse de un programa capaz de aglutinar a los hombres y mujeres de izquierda.

    La desorientación política y la frustración de amplias masas de la población, castigadas por la crisis económica, son el caldo de cultivo que permite el avance del fascismo. Que los falangistas pretendan ser víctimas de una persecución política y se querellen contra el juez que investiga el genocidio cometido por la dictadura franquista,   es un síntoma de que entramos en un proceso de fascistización de gravísimas consecuencias. No pretendemos ser alarmistas, sino  constatar un hecho objetivo. Hay elementos más que suficientes para afirmar que los derechos civiles y las libertades están sufriendo un retroceso notable, un recorte significativo. Por otra parte, cuando hablamos de fascismo y de fascistización no nos referimos  al mismo modelo del período de entreguerras del siglo XX. Lo que afirmamos es que se están imponiendo formas de control de la población y actitudes políticas propias del sistema político e ideológico fascista.

   Para frenar este proceso, para cambiar radicalmente la situación política, para solucionar los múltiples y graves problemas de este país, es indispensable articular una alternativa política republicana. Sólo la república popular y federal puede traer la verdadera democracia, devolvernos la soberanía nacional, la dignidad y la libertad. La lucha por la III República es el único camino político para construir un futuro de solidaridad, igualdad y justicia social.  




HOY SE CELEBRA LA MANIFESTACIÓN POR EL 79 ANIVERSARIO DE LA SEGUNDA REPÚBLICA ESPAÑOLA, Y EN REIVINDICACIÓN DE LA TERCERA COMO HERRAMIENTA DE SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS DE LA CLASE OBRERA ESPAÑOLA. ESTAREMOS A LAS 18.30 EN LA PLAZA DE CIBELES Y ACABAREMOS EN LA PUERTA DEL SOL. ¡VEN A ACOMPAÑARNOS!

¡¡VIVA LA REPÚBLICA!!

15/4/10

EDITORIAL

Tras unos cuantos meses en el silencio, que suponemos a nadie habrán pasado desapercibidos, hemos tomado la determinación de volver a las andadas.

Proyecto Aurora no ha representado en sus últimos meses de actividad la ristra de ideales con los que nació, y así nos lo habéis hecho saber mediante el correo electrónico. Hemos estado en buena parte de acuerdo con vosotros y por ello nos hemos visto obligados a remodelar Proyecto Aurora hasta llegara a sus cimientos: aquellos que un 8 de enero de 2009 os hablaban de “información y pensamiento contracorriente” que quiso ser “un punto de encuentro de aquellos que no se conforman con los productos informativos precocinados que nos ofrecen desde el pensamiento único dominante”, bien, hacia eso vamos, de nuevo, esperamos que con vuestro beneplácito y vuestra colaboración.

Si bien hemos perdido el contacto directo y la participación, queremos recuperarlos de inmediato, por ello sabed que de nuevo podéis dejar vuestros comentarios en cada uno de los post que aquí se publiquen, sea cual sea su naturaleza o su tendencia, siempre y cuando no se utilice un lenguaje inapropiado y no se pierdan las formas.

Esta es nuestra manera de pedir disculpas por todo lo que se lanzó al aire en un primer momento de Proyecto Aurora y que no se ha cumplido, y también va a ser nuestra manera de demostrar que una puesta a punto puede devolveros aquello con lo que estabais de acuerdo: la pluralidad, el debate abierto, la información alternativa. Hemos vuelto para quedarnos, y para trabajar más que nunca en algo tan importante como daros información de verdad, opinión no camuflada, intercambio de tendencias reales, un lugar en el que se os escuche y se os tenga en cuenta.

En su día ya dimos a conocer que Proyecto Aurora rechaza la identificación con cualquiera de los partidos existentes, y esto no ha cambiado, como tampoco ha cambiado nuestra ideología marcadamente adscrita al proyecto de una República democrática y popular, en el contexto de un pensamiento progresista en la que todos tengamos cabida en la pluralidad más extensa.

De esta forma queremos volver a vosotros, con estos ideales, que siempre debieron estar tras nuestro trabajo, reforzados más que nunca para poder ofreceros una vuelta a la confianza que nos consta que algunos habéis perdido.

Esta es una nueva oportunidad para todos: renace Proyecto Aurora.




De nuevo os invitamos a mandarnos cualquier sugerencia o contenido sobre el que queréis que hablemos, o elaborado por vosotros mismos para publicar a la dirección de correoelectrónico: proyaurora@gmail.com