Criptoconfesionalismo

Visarión

Es frecuente que los propagandistas de la monarquía desde la izquierda, sobre todo aquellos que pastan en las nutritivas praderas del PSOE, nos señalen como uno de los grandes méritos democráticos de la Constitución de 1978 la separación de Iglesia y Estado y el fin del confesionalismo en España.

Lo cierto es que la Constitución dice "Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones" (art. 16.3). La mención explícita a la Iglesia Católica y el papel preponderante sobre "las demás confesiones" es significativo, y es fruto de uno más de los peajes a los poderes fácticos que se pagaron durante la redacción de la Constitución.

La redacción, aparentemente contradictoria, no es casual, sino que expresa perféctamente la actitud del Estado hacía la Iglesia: una confesionalidad en todo salvo en el nombre, un criptoconfesionalismo, por usar el termino acuñado por el tristemente fallecido juez Joaquín Navarro Estevan.

Una buena muestra la estamos teniendo en estas fechas tan señaladas para los católicos. Las calles de las principales ciudades se ven anegadas de fieles, penitentes, costaleros, flagelantes, curas y todo tipo de fauna con un Cristo a cuestas. Nada que reprochar, es su fe, pero no deja de resultar sorprendente que no se permita, por ejemplo, a los chinos cortar las calles para celebrar su año nuevo.

La complicidad del Estado con la Iglesia es total, desde el más humilde ayuntamiento hasta el Gobierno central. En Madrid, la céntrica plaza de Oriente, famosa por ser el centro de las manifestaciones de apoyo al Caudillo, ha vuelto a ver a dulces ancianas con rosario y rictus de dolor, a viriles hombre de gesto adusto golpeándose el pecho con fervor y a los siniestros obispos ultraderechistas que inundan España de carteles por la vida mientras hablan de la muerte del Redentor (quizá, aprovechando la ocasión, podrían pedir perdón por llevar a Franco bajo palio durante cuarenta años). Las manifestaciones ciudadanas, en cambio, se ven arbitrariamente sometidas al capricho del alcalde Ruiz Gallardón.

En Málaga, los aguerridos defensores de la Patria nos dejan ver que también tienen un corazoncito lleno de fe. Los legionarios, no sé si con o sin cabra, portan el Cristo con dolor mayestático, quizá el mismo que sentían sus camaradas que mataban infieles en Marruecos, negros en Guinea o rojos en España. Dejando al margen las oscuras sombras que rodean a la Legión, como su apego al dictador que fue su mayor benefactor, tenemos que recordar que son funcionarios públicos, y más aún, el estamento que, en teoría, más debe cuidar su neutralidad y su no intervención en la política. ¿Qué pasaría si un coronel se manifestara de uniforme a favor de un Estado verdaderamente aconfesional? ¿O sí dijera públicamente que es musulmán y observa el Ramadán?

A todo esto, yo me pregunto ¿quién paga estos fastos?

Uno de los infinitos privilegios de la Iglesia es que el Estado español subvenciona la subvenciona a través de la cesión de una parte de los impuestos sobre la renta de quienes lo desean, es decir, dejando de percibir un dinero que pertenece legal y legítimamente al Estado en favor de una confesión. Es, para entendernos, como si un ciudadano decidiera que el 0'7% de sus impuestos vayan destinados a una empresa privada determinada, por ejemplo, la suya. Incluso si usted marca la casilla de fines sociales está dando dinero a la Iglesia, si bien en menor medida, a través de organizaciones como Cáritas.

También hay subvención indirecta. La Iglesia no paga IVA sobre los objetos de culto que, por supuesto, son los que la Iglesia dice que son tales. Cuando usted visita una iglesia o una catedral, normalmente tiene que pagar una entrada, y ni mucho menos a precio simbólico, a pesar de que eso le pertenece como ciudadano español, en la medida en que es Patrimonio del Estado. Sin embargo, la Iglesia recibe subvenciones por cuidar las iglesias y tiene autorización para cobrar la entrada. Y sin embargo, ¿quién paga las monumentales obras de restauración a que se someten por su antigüedad? ¿Se imagina alguien que le cobraran entrada, por ejemplo, por sentarse en un banco del parque, construido y mantenido con el dinero que paga a su ayuntamiento?
Y a todo esto hay que añadir las contínuas interferencias de la jerarquía católica en la política española, la última, a cuenta de la reforma de la ley del aborto.

Está claro que la dignidad de la ciudadanía español demanda un cambio radical en esta situación. Pero desde luego no vendrá de un Estado cuya cabeza (coronada) y su familia se deshacen en besos sobre los anillos de los purpurados y se bautizan con agua del Jordán (y con Rouco Varela oficiando).

Fotos: EFE. A la derecha, unos catedráticos de metafísica ejercen de costaleros.